En las ùltimas semanas ha causado no pocas perplejidades el Decreto Sicurezza Immigrazione promovido por el Ministro del Interior Salvini, que ayer ha sido firmado por el Presidente de la República Italiana Mattarella, en este primer artìculo, trataremos de explicar resumidamente algunas de las novedades de dicho Decreto:
- Derogación de facto del permiso de residencia por protección humanitaria.
Hoy en día, la ley establece que la policía puede conceder un permiso de residencia a las personas con «razones graves, en particular de carácter humanitario o como resultado de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado italiano», o para personas que huyen de situaciones de emergencia, tales como los conflictos, los desastres naturales u otros acontecimientos especialmente graves en países no pertenecientes a la UE. La misma protección puede otorgarse a las personas que pueden ser víctimas de persecución en su país de origen o víctimas de trata o explotación laboral.
En su lugar se introducirà un permiso de residencia para casos especiales: las víctimas de la violencia doméstica o la explotación laboral grave, las personas que necesitan atención médica a una situación de salud seriamente comprometida o si vienen de un país que se encuentra en una situación de grave crisis y calamidad contingente. Finalmente, se proporciona un permiso de residencia para aquellos que serán distinguidos por «actos civiles de particular valor «.
- Extensión de la detención en el CPR (centros de repatriación).
El límite de detención en los CPR para extranjeros que esperan ser repatriados pasa de 90 a 180 días.
- Detención de solicitantes irregulares y de asilo en los puntos fronterizos.
Los solicitantes de asilo pueden ser retenidos por un máximo de 30 días en los llamados «Hotspot» para conocer su ciudadanía e identidad. Los solicitantes de asilo también podràn permanecer en los CPR hasta por 180 días. Para los inmigrantes ilegales ademàs de los CPR, se prevè que puedan ser detenidos en las oficinas fronterizas, en el caso en que no haya disponibilidad en el CPR, y después de la autorización del juez de paz, a petición del Jefe de policìa.
- Aumentar los fondos de retorno.
Se planea aumentar 500,000 euros en el 2018, 1.5 millones en el 2019 y otros 1.5 millones en el 2020.
- Revocación del estado de refugiado o denegación de protección internacional.
Se amplía la lista de delitos que conducen a las medidas antes mencionadas. Se presentan: violencia sexual, detención y trata, robo y extorsión, hurto, robo en apartamento, amenaza o violencia a PÚBLICO OFICIAL. La solicitud puede ser suspendida si el solicitante tiene un procedimiento en curso por uno de los delitos mencionados anteriormente.
Además, si el refugiado regresa al país de origen, PERDERÁ LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL O SUBSIDIARIA.
- Reducción SPRAR.
Se reduce el sistema y cambia de nombre. Se limitará solo a aquellos que ya cuenten con protección internacional o menores extranjeros no acompañados.
- Exclusión del registro de solicitantes de asilo.
Los solicitantes de asilo no pueden registrarse en la oficina de registro (anagrafe) para luego acceder a la residencia.
- Reforma de la ciudadanía.
La solicitud puede ser rechazada incluso si es presentada por quien se haya casado con un ciudadano italiano. La contribución va de 200 a 250 euros y el plazo para la concesión de la ciudadanía por residencia y por matrimonio se extiende hasta 48 meses es decir el tiempo de espera pasa de 2 años a 4 años. Se introduce la posibilidad de negar o revocar la ciudadanía a las personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo. Revocación posible dentro de los tres (3) años posteriores a la sentencia definitiva. A las prácticas de ciudadanía que han sido enviadas antes del Decreto también se les aplicará la nueva ley.
- Extensión de uso de la pulsera electrónica.
- Taser para la vigilancia urbana de municipios con más de 100.000 habitantes.
- Extensión de la DASPO.
La prohibición del acceso a eventos deportivos se extiende a los sospechosos de delitos terroristas. «Urban Daspo» también se puede aplicar a los centros de salud, en áreas donde se llevan a cabo ferias, mercados y espectáculos públicos. Bloquear las calles volverà a ser un delito.
Bloquear las calles para manifestaciones volverà a ser un delito.
- La mafia y los bienes confiscados.
La última parte del decreto contiene disposiciones sobre la lucha contra el crimen organizado y la gestión de los bienes confiscados a la mafia. Se fortalece el intercambio de información entre las distintas administraciones involucradas en el fenómeno de la delincuencia organizada.
Subcontratos son sancionados con prisión de uno a cinco años, la apertura de los sitios debe ser comunicada al prefecto para los controles de la mafia, reforzará el intercambio de información entre los diferentes cuerpos de policía, la posibilidad de nombrar a los comisarios de la mafia en los municipios al descubrir irregularidades, el endurecimiento de las sanciones (prisión de hasta cuatro años y multas) contra quienes organizan la ocupación de propiedades, capacidad de utilizar la herramienta de las escuchas telefónicas en las investigaciones de los que ocupan los edificios, de reorganización de la agencia que se ocupa Gestión de los bienes confiscados por la mafia.
Fernanda Solórzano
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