Ha sido revocado el decreto de expulsión de Italia de la joven peruana que había denunciado a su pareja por los maltratos que había tenido que soportar durante la cuarentena, como escribe el periódico Il Messaggero!
Tras la denuncia del caso, por parte de la Asociación Differenza Donna y por la senadora Valeria Valente, presidenta de la comisión de feminicidios, se solicitó la intervención de la Ministra del Interior Luciana Lamorgese.
La peruana de 24 años presentó el 12 de mayo una denuncia ante la comisaría de Casilino en Roma contra su pareja y conviviente por la violencia que sufrió.
La jóven terminó en la sala de urgencias del Policlínico Casilino por graves heridas corporeas
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Tras la hospitalización, la comisaría la puso en contacto con el centro antiviolencia Sisenna administrado por la Asociación «Differenza Donna», la cual presentó una denuncia.
Dos días después de dicha denuncia por violencia doméstica y maltratos físico, el prefecto firmó la expulsión de la mujer peruana de Italia por no tener documentos.
Una disposición «que viola completamente las obligaciones impuestas por el Convenio de Estambul, que exige no iniciar procedimientos de deportación o suspender los vigentes contra mujeres que han sufrido violencia de género», subraya el periódico Il Messaggero en su artículo.
Las abogadas Ilaria Boiano y Cristina Laura Cecchini, que asisten a la mujer por su condición de migrante irregular, consideran que “es fundamental y urgente preparar una formación para la policía en cuanto el modo de atender las denuncias de las mujeres migrantes sin permiso de residencia que soliciten ayuda por maltrato físico, dado que hay muchas que sufren violencia en todo el territorio y han tenido dificultad a hablar con la policía por miedo a que les deporten a sus países por ser mujeres extranjeras sin documentos ilegales en Italia”.
Las víctimas irregulares:
Veinte de las 55 mujeres que acudieron al centro anti-violencia Differenza Donna entre enero de 2018 y octubre de 2019 habían recibido una orden de expulsión después de denunciar la violencia. Además del maltrato, dieciocho de ellas también habían sufrido amenazas y por eso muchas no denuncian.
«El caso de la joven peruana nos muestra que si se puede pedir justicia, seguridad y protección para todas las mujeres, independientemente de su estatus legal en territorio italiano, como lo confirma el Convenio de Estambul y la directiva europea sobre víctimas maltrato doméstico» , explica la abogada Ilaria Boiano.
«Los derechos fundamentales están garantizados incluso para aquella mujeres que no tienen el permiso de residencia. Un problema que también afecta a otros países donde se está llevando a cabo una acción de sensibilización por parte de las autoridades para que nadie quede sin tener justicia. Sabemos que muchas mujeres extranjeras que tienen documentos los pirden precisamente por maltrato doméstico. De hecho las parejas violentas les impiden completar el trámite de reagrupación y, por lo tanto, pueden renovar su permiso de residencia».
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