Es así solo en casos particularmente graves y a determinadas condiciones. Para la mayoría de explotados, la denuncia abre el camino a la expulsión.
Roma, 1 de diciembre del 2010 – “Invito, sinceramente a todos los que son explotados, en particular modo a los ciudadanos extracomunitarios, a denunciar los empleadores que los explotan. En la ley Bossi-Fini hay la posibilidad, por este motivo, de conseguir el permiso de estadía”.
Lo dijo el pasado 26 de noviembre el Ministro del Interno Roberto Maroni en Brescia durante la renovación de un pacto sobre la seguridad, contestando a una pregunta sobre el trabajo en negro. Una declaración que necesita de algún corolario, sino arriesga volverse una trampa para centenares de miles de clandestinos. Un trampolín para realizar otras expulsiones.
Maroni habla del permiso de estadía para “protección social” que según el articulo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione puede ser entregado por la Comisaría, en acuerdo con la Procura, solo en casos muy limitados.
Entre otras cosas es necesario que “sean acertadas situaciones de violencia o de grave explotación contra un extranjero” y que “sobresalgan concretos peligros para su incolumidad”, porque trata de escapar de una organización criminal o a causa de las declaraciones que hizo durante averiguaciones o en un juicio.
Con reglas así estrictas, el permiso para protección social hasta ahora ha sido otorgado a prostitutas que escapan del racket y (menos) a las victimas de los capataces del trabajo agrícola. Si no cambia la ley, no hay la posibilidad de ampliarla a toda la categoría de los extranjeros explotados, por ejemplo a los ya conocidos estafados de la ‘sanatoria’.
