La Asgi señala los puntos críticos de la regularización, por ejemplo el procedimiento para poder obtener los documentos de estadía en Italia. «Se solicita un nuevo decreto y la intervención del govierno»
Roma, 24 Agosto 2012.- “ Los extranjeros ayudan al estado Italiano a sanar la finanza pública, pero no tienen derecho a una regularización efectiva”. Muchos los límites de la nueva regularización según la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la inmigración, que los puso en una lista de un documento muy detallado y pide al gobierno que intervenga con un decreto para corregir la mala jugada.
La Asgi parte desde la constatación que “la ordinaria apelación a instrumentos excepcionales” es debida a la incapacidad de los mecanismos de los flujos de ingreso: cuotas insuficientes que llegan atrazadas y sin embargo presuponen que empresas y familias asuman a distancia personas que no conocen personalmente. “Son el sistema legislativo y la mala voluntad política que objetivamente crean las condiciones para el ingreso y la estadía en Italia de millones de extranjeros irregulares, para los cuales después vienen realizadas las leyes de regularización.”
A propósito de la procedura que partirá desde septiembre, la asociación evidencia varios puntos críticos.
En primer lugar – se lee en el documento escrito por la junta directiva- es un grave error no haber puesto en un plan de paridad a los empleadores y a los empleados, preveendo que solo los empleadores tengan la facultad de poder pedir la regularización”. Una elección “incomprensible y discriminatoria” porque “ deja al trabajador en una condición de subalternidad y de chantejeabilidad, a parte de no atribuirle ninguna dignidad de sujeto jurídico”.
“Irrazonable” también tener que demostrar la presencia en Italia hasta el 31 de diciembre de 2011 por medio de documentos autorizados por organismos públicos. Esta decisión dejará “sin beneficios un gran número de trabajadores extranjeros” y parece inconstitucional, porque crea una distinción “entre trabajadores extranjeros que se encuentran en la misma condición jurídica distinguiendo entre aquellos que quedaron del todo invisibles de aquellos que en ves pueden disponer de un documento público sólo por razones casuales”, por ejemplo si usufruyeron de los servicios sanitarios.
La Asgi considera también que los límites de ingresos económicos para los empleadores no puede ser realizada con un decreto interministerial, sino tendría que haber sido fijada por la ley. Equivocada también la exclusión para la regularización de los part-time (a parte para el trabajo doméstico), a pesar que sumando los informes con diferentes empleadores, se llegarìa a tiempo completo. Esto mientras “los informes a tiempo parcial representan una rodaja consistente del mercado de trabajo en Italia, sobre todo en tiempo de crisis.
Por último, la asociación señala con el dedo las causas de impedimento, referidas a los trabajadores extranjeros. Entre estas, la señalación de inadmisibilidad hecha por los otros Estados Schengen tras una expulsión, que penalizaría los expulsados de otros Estados europeos, respecto a quien ha sido expulsado de Italia. Además, las condenas penales y él peligro social, tendrían que ser analizados uno po uno, teniendo cuenta también de elementos como la durada de la permanencia en Italia y la presencia de vínculos familiares.
Asgi pide entonces al gobierno de promulgar “rapidámente medidas legislativas que modifiquen las dificultades, volviendo efectiva la regularización”. Pero también empezar a discutir sobre “una seria reforma” del texto Unico sobre la Inmigración.
E.P.
Versión en español: C.Z.León
