Un tribunal italiano ha ordenado este lunes la detención de 52 policías penitenciarios mientras son investigados por las palizas que habrían infligido a los presos de la cárcel de Caserta, en el sur, en represalia por la revuelta que se originó en abril de 2020 al conocerse los primeros casos positivos de coronavirus dentro del penal.
El Sindicato Autónomo de Policía Penitenciaria (Sappe) ha expresado su «sorpresa» y «tristeza» ante lo que consideran «medidas anormales», puesto que después de un año de investigación no se han presentado todavía las «condiciones» necesarias para que se llevan a cabo tal medida.
«La presunción de inocencia es uno de los pilares de nuestra Constitución y por ello creo que debemos evitar las acusaciones», ha recalcado el secretario general de Sappe, Donato Capece, según ha informado la agencia Adnkronos.
«Confiamos en el poder judicial porque la policía penitenciaria en Santa Maria Capua Vetere, como en todas las demás cárceles italianas, no tiene nada que ocultar», ha dicho Capece.
«No tenemos nada que esconder y de hecho esto nos permitirá apreciar el precioso y fundamental, pero aún desconocido, trabajo que realizan a diario con profesionalidad, abnegación y humanidad las mujeres y hombres de la Policía Penitenciaria«, ha señalado.
Capece ha recordado que los agentes del cuerpo tienen que hacer frente casi a diarios a los «ataques» y «humillaciones» que reciben dentro de las cárceles por parte de «una población carcelaria que no tiene escrúpulos».
Tras conocerse la noticia, el secretario general de la Liga, Matteo Salvini, ha criticado la decisión del juez de instrucción pues considera que los agentes no estaban haciendo otra cosa que protegerse tanto a ellos como a su trabajo, por lo que ha pedido «más respeto para la Policía».
El pasado 6 de abril de 2020, se produjo una revuelta dentro de la cárcel de la localidad de Santa Maria Capua Vetere, tras conocerse los primeros casos de coronavirus. La Fiscalía abrió una investigación posterior en la que también se recogieron los testimonios de los presos que denunciaron «palizas» por parte de los agentes como represalia posterior a esos hechos.
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