Cosimo Damiano Muratori estuvo asignado desde el 2014 en la iglesia de San Rafael del Norte, pero no fue hasta que defendió publicamente al obispo Rolando Álvarez cuando la dictadura de Managua decidió enviarlo de vuelta al país europeo.
La dictadura sandinista de Daniel Ortega expulsó este martes al sacerdote italiano Cosimo Damiano Muratori, a quien acusó de haber intervenido “injuriosamente en asuntos solo concernientes a nicaragüenses”.
La medida por parte de la dictadura sandinista se produjo luego de que el presbítero defendió al obispo nicaragüense Rolando Álvarez.
El clérigo italiano, que estaba asignado desde el 2014 por su orden religiosa a la custodia del mausoleo del padre franciscano Odorico D’Andrea en el municipio nicaragüense de San Rafael del Norte, también es buscado en Italia por el delito de violencia sexual y fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, según afirmó el régimen nicaragüense, en una declaración.
“El día de hoy martes 14 de febrero de 2023, Interpol Italia ha solicitado a Nicaragua el itinerario de vuelo del sacerdote o fray Cosimo Damiano Muratori, quien es buscado en Italia por el delito de violencia sexual, y fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión en la ciudad de Perugia, Italia, en noviembre del 2019″, aseguró el Ministerio de Gobernación de Nicaragua a través de la Dirección General de Migración y Extranjería.
“El mencionado sacerdote y ciudadano italiano fue expulsado de Nicaragua el día de hoy, entre otras cosas por ese delito cometido en su país, y su itinerario de vuelo, solicitado por la misma Interpol Italia, fue comunicado a las autoridades pertinentes”, agregó.
Las autoridades de la dictadura nicaragüenses indicaron que el fray italiano, “a pesar de sus delitos”, estuvo asignado desde el 2014 en San Rafael del Norte, Nicaragua, “donde además intervino en asuntos solo concernientes a nicaragüenses”.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua citó el lunes al fray italiano, un día después de defender al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria.
Según los testigos, el religioso fue sacado de la casa cural de la iglesia de San Rafael del Norte, departamento de Jinotega (norte), y trasladado a la Dirección General de Migración y Extranjería, en Managua.
“Monseñor Álvarez estaba en la lista de los (222 prisioneros que fueron excarcelado) que tenían que ir a Estados Unidos. ¿Se fue monseñor Álvarez?. Doscientas veintidós personas agarraron el avión y uno no lo agarró. Para mí, un verdadero hombre, con pantalones. Dijo: échenme preso, pero yo no me voy”, dijo el sacerdote italiano en la misa del domingo, según el portal digital Despacho 505.
El sacerdote italiano, quien es vice postulador de la beatificación del padre franciscano Odorico D’Andrea, denunció en 2021 que las autoridades nicaragüenses no le habían renovado su permiso de residencia en Nicaragua, donde tenía 40 años de residencia.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este fin de semana que muchos de los 222 nicaragüenses excarcelados y expulsados de su país hacia Estados Unidos el pasado jueves por la dictadura de Daniel Ortega sufren secuelas emocionales y psicológicas.
“Hay secuelas, muchos de ellos tienen problemas para conciliar el sueño, han perdido su sueño natural, les cuesta. Otros están durmiendo en el suelo, todavía no se sienten para acostarse en una cama”, dijo a la agencia de noticias en una entrevista telefónica el secretario ejecutivo de la organización no gubernamental, Marcos Carmona.
Los 222 excarcelados y expulsados, considerados presos políticos por haber sido capturados en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde 2018, llevaban en prisión entre 4 años y 3 meses. Algunos de ellos se habían declarado víctimas de torturas como permanecer totalmente a oscuras las 24 horas del día, o bajo luces encendidas, carecer de colchones, tener prohibido recibir cobijas y almohadas y otros malos tratos.
Carmona afirmó que la CPDH ya se ha puesto en contacto con organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos para otorgar atención psicológica a los excarcelados y así “contribuir en el aspecto emocional”.
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