El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, resultó hoy absuelto en el proceso del Tribunal de Roma sobre sus polémicas fiestas en 2010, en el que estaba acusado de inducir a prestar falso testimonio a su cantante, Mariano Apicella.
El músico napolitano también ha sido absuelto, según avanzan los medios locales.
El fiscal romano, Roberto Felici, había previamente reclamado la absolución y posteriormente el juez de la Segunda Sección Penal de Roma la secundó al considerar que «el hecho no tuvo lugar». Berlusconi y Apicella estaban acusados del delito de corrupción ya que, según la acusación, el político y magnate había empujado al cantante a mentir en relación con las polémicas fiestas con mujeres en su mansión de Arcore (norte) entre 2010 y 2011.
En concreto, los investigadores creían que el músico había recibido 157.000 euros del político para callar sobre lo que ocurría en aquellas veladas. El ex primer ministro expresó su «alegría y satisfacción» a través de una declaración de sus abogados a los medios. Este proceso celebrado en el Tribunal de Roma solo es una parte de uno mayor denominado «Ruby Ter», que trata de esclarecer qué ocurría en aquellas «fiestas elegantes» y si pagó a las jóvenes asistentes para que no hablaran.
El nombre del proceso deriva de Karima El Mahroug, apodada Ruby, una joven con la que Berlusconi mantuvo relaciones sexuales cuando era menor, lo que le costó un juicio por prostitución infantil y abuso de poder del que salió absuelto por desconocer su edad. La principal causa tiene lugar en Milán y la Fiscalía ha reclamado seis años de prisión para el político, pero también se han celebrado otras partes del proceso en Siena, Turín, Monza, Treviso o Pescara.
Berlusconi, a sus 86 años al frente de Forza Italia, pese a sus últimos problemas de salud, como cardiopatías o las consecuencias de la covid, acaba de regresar al Senado nueve años después de su expulsión por su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal. Asimismo su partido forma parte de la actual coalición de Gobierno presidida por la primera ministra Giorgia Meloni.
Una de las actuales exigencias de Berlusconi es que el Ejecutivo, en vigor desde el 22 de octubre, tumbe una ley de 2012 que impide desempeñar cargos públicos a los condenados en firme, impulsada por la entonces ministra de Justicia, Paola Severino. Esta legislación supuso la expulsión de la Cámara Alta del polémico ex primer ministro y cuyos efectos vuelve a temer, a la espera de conocer nuevos veredictos del proceso «Ruby Ter».
Te puede interesar:
