El Gobierno ha implementado la Directiva Europea que endurece las penas para quienes asumen a extranjeros irregulares. Empresas y familias que se autodenunciarán (y pagan) podrán evitarlas y los inmigrantes obtendrán el permiso de estadía. En los casos de explotación más grave, obtendrá el permiso de estadía quien denuncia el empleador
Roma, 9 Julio 2012- Ahora es seguro, el Gobierno aprobó un nuevo Reglamento “Regolarizzazione”, aunque si prefieren llamarlo «Arrepentimiento Laborioso» o «Medida Transitoria.» Permitirá a las empresas y las familias que contraten a uno o más inmigrantes irregulares de evitar nuevas sanciones (que están por llegar) y permitirá que los ciudadanos extranjeros obtengan el tan anhelado permiso de estadía.
Está escrito en el Decreto legislativo lanzado el 6 de Julio definitivamente por el Consejo de Ministros, que transpone la Directiva Europea 2009/52/CE sobre “normas mínimas relativas a las sanciones y a las medidas contra empleadores que contratan a los ciudadanos de terceros países cuya estancia es irregular». En relación con las indicaciones desde Bruselas, el Decreto añade una medida transitoria que permitirá a muchos invisibles salir a la luz del sol y al estado recoger un montón de dinero.
Vamos en ordén. Ya hoy, quien emplea a un inmigrante sin permiso, será sancionado con prisión de tres meses a un año y una multa de 5.000 euros por trabajador empleado. Además se añaden las sanciones administrativas por la violación del sueldo y las obligaciones de retribución y contribución. Para el trabajador está prevista la expulsión.
El Decreto del Gobierno, según los primeros avances, prevé que cualquier persona que ha sido condenada en pre-lanzamiento a través de este delito no podrá traer en Italia a trabajadores extranjeros con flujos de entrada. Además, tendrá que pagar una nueva multa «costo promedio de repatriación del trabajador extranjero contratado irregularmente», dinero que se utilizará para financiar la repatriación, así como proyectos para la integración.
¿Explotación grave? Permiso de estadía a quien denuncia
Se agrega un agravante en los casos de particular explotación. Las sanciones para los empleadores aumentará de un tercio a la mitad si los trabajadores son más de tres, si son menores de dieciséis años de edad, o si están sometidos a «condiciones de grave peligro», teniendo en cuenta las «características de rendimiento y las condiciones de trabajo».
Sólo en estos casos, si el trabajador denuncia el empleador y colabora durante el juicio, podrá obtener un permiso de residencia por razones humanitarias. Duraría seis meses y será renovable por un año o más hasta llegar al final del proceso, pero también podría convertirse en un permiso por trabajo si mientras tanto el ciudadano extranjero encuentra otro trabajo, regular por supuesto.
Este procedimiento puede aplicarse, por ejemplo, con los inmigrantes empleados en campos en condiciones inhumanas, mal remunerados y esclavos en el sector agrario. Trabajadores, como aquellos que se rebelaron en Rosarno, por citar uno de los casos que se ha ganado la atención de los medios de comunicación. Hay muchos, pero aún representan un nùmero relativamente minoritario de la migración irregular.
La regularización
Mucho más común es la condición de empleados domésticos, asistente, albañiles – “colf, badanti, operai, muratori”- y otros que, aunque no «especialmente» explotados, sin embargo trabajan en negro, porque no tienen ninguna residencia ni permiso de estadía. También para esta amplia audiencia es probablemente la noticia más esperada, llega un salvavidas.
Mientras el decreto tomaba forma, el Ministro de integración Andrea Riccardi había sugerido de dar a los empleadores, por una corta fase de transición antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, la posibilidad de un «arrepentimiento laborioso». Autodenunciandose hasta una fecha determinada, y pagando una cierta cantidad de dinero, pudieron haber evitado las sanciones.
La misma opinión fue expresada por una gran mayoría por las juntas de la Cámara de representantes y el Senado. Palacio Madama fue muy precisa, pidiendo «una fase de transición en que los empleadores puedirán voluntariamente cumplir con normas legales y evitar asi las sanciones más severas, indicando dentro una fecha determinada la relación laboral irregular con la carga sobre el empleador de los pagos de compensación y contribución de impuestos de al menos tres meses y el pago de una cuota de 1.000 euros por cada trabajador».
La impetuosidad, del Ministro Riccardi, convertiendose asi en el intérprete también de las posiciones en el Parlamento, en las últimas semanas se habia dado cuenta de los estados de ánimo y orientaciones de los colegas del Parlamento, el Gobierno ha incluido esta posibilidad en el decreto aprobado el 6 de Julio 2012. Para conocer los detalles habrá que esperar unos días, porque al parecer los tecnicos todavía están trabajando, pero la esperanza da paso a la certeza, llega una nueva regularización.
Por: Elvio Pasca
Versión en español: C. Z. León
