La renta por ciudadanía «reddito di cittadinanza» será sólo para italianos y comunitarios residentes en la región de Lombardía desde al menos cinco años. Asgi y APN: «ilegítima, injusta e ilógica».
Milán, 21 de mayo 2015 – Probablemente se transforme en la enésima discriminación el «reddito di cittadinanza» con el cual la Región Lombardía piensa ayudar a los residentes más necesitados, excluyendo los inmigrantes.
La idea de una contribución económica para los más necesitados no es nueva, esta es una propuesta a nivel nacional que el Movimiento 5 Stelle lleva desde su nacimiento en campaña electora, y que al parecer la región Lombardía piensa bautizar.
El plan, en fase de elaboración, prevé una ayuda económica vinculada al compromiso, por parte del beneficiario, de realizar un curso de formación profesional o la obligación de no rechazar ninguna oferta laboral. Disponibles un millardo de euros para financiar la propuesta, que permitirían según las primeras estimas, dar 700 euros al mes por un año.
Roberto Maroni, presidente (legista) de la región de Lombardía, ha ya puesto trabas en el asunto «Hay que identificar la audiencia de personas a beneficiar: nosotros esta renta la daremos solo a ciudadanos italianos y europeos, no a quién ciudadano comunitario no es, por lo tanto no será dada a los inmigrantes«. Agregando que «para evitar abusos meteremos por ejemplos umbrales de criterio de la residencia en Lombardía de al menos un número mínimo de años [cinco, según las primas indiscreciones ndr], un criterio que ya existe para la asignación de viviendas sociales.»
Estos criterios excluirían la mayoría de los inmigrantes y muchas personas realmente necesitadas que se desplazan con frecuencia de una parte a otra de Italia en búsqueda de un trabajo estable. La «Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigazione» y la onlus «Avvocati per Niente» es contraria a la condición específica de ciudadanía establecida en la ley “las limitaciones relativas al extranjero, además de ser injustas e ilógicas, están destinadas a no superar el escrutinio de los jueces”, indican las dos asociaciones.
Los criterios establecidos por Maroni, explican Asgi y APN, van en contra de las directivas europeas, incluida aquella que garantiza a los extranjeros titulares de un permiso de residencia que permite trabajar el mismo trato que los italianos. Además, el Tribunal Constitucional ya ha declarado en otras ocasiones «inconstitucionales algunas normas regionales que prevén un requisito largo de residencia para el acceso a determinadas ayudas económicas».
La Asgi y la APN piden por tanto de “no tomar decisiones sin tener en cuenta las precedentes sentencias de la Corte Constitucional, así como la normativa de la Unión Europea, dando lugar a un extenso litigio que se relevan desde un inicio ilógicas e injustas”.
A. Pinate
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