El decreto da garantía a Obama: ayudo para los latinoamericanos
New York, 22 Agosto 2012 – La medida decidida por Obama a junio para circundar la oposición del congreso en Dream Act (la ley que prometía la regularización de un gran número de inmigrados ilegales en el País), entró en vigor a partie de ayer.
Se trata de un decreto ejecutivo gracias al cual los inmigrados que tengan menos de 31 años, que hayan sido llevados al País antes de los 16 años y que puedan demostrar que hayan estudiado en los Estados Unidos, o de haber hecho el servício militar, y que no tengan nigún antecedente penal, podrán obtener el permiso de residencia y de trabajo.
Las asociasiones encargadas por los derechos de los inmigrantes han sido completamente invadidas de peticiones de informaciones en los últimos días. La situación por eso presenta varios aspectos contradictorios: En primer lugar los llamados residentes ilegales presenterán junto a las peticiones, cientos de documentos que demuestran como por años hayan asistido a las escuelas americanas, demostrando también de haber recivido premios y reconoscimientos, obteniendo diplomas, licenciaturas, cartas de recomendaciones y como hayan efectuado pagamentos de varios géneres, impuestos incluidos. En segundo lugar, los solicitantes harán una especie de acto de fe a las autoridades para el futuro, por que ser descubierto significa poner en peligro los propios familiares, la mayor parte también ilegales y de presentarse a la posibilidad de ser repatriados, de aquí a dos años, en el caso que a noviembre, las direcciones del gobierno deberán pasar de mano.
La agencia federal que examinará las peticiones es la United States Citizenship and Immigration Services, osea el organismo que autoriza los permisos de residencia y que espera de sostener un gran esfuerzo en los próximos meses. Para no desanimar los potenciales solicitantes el gobierno ha por eso preferido no delegar el deber a las Fuerzas del Orden.
Según algunos Institutos de investigaciones, aquellos que responden a los requisitos deberían ser cerca de un millón y docientos mil, entre los cuales se pueden juntar otros 500.000 en el curso de los próximos años. Cada solicitante tendrá que pagar 465 dólares para cubrir los gastos administrativos de la práctica, consintiendo al gobierno de certificar que el programa no costerá un céntimo a las cajas del Estado y que las Fuerzas del Orden podrán definitivamente concentrarse en la identificación y el repatrio de los ilegales con antecedentes penales. La medida debería garantir a Barack Obama el fuerte apoyo del electorado latinoamericano en las elecciones presidenciales de noviembre.
Versión en español: C.Z.León
