La eurodiputada del Partido Democrático critica la propuesta de la Comisión de ampliar los poderes de la agencia europea de fronteras. En la mira, la posibilidad de organizar retornos entre países terceros y el riesgo de reducir las garantías para los migrantes.
Bruselas, 29 de octubre de 2026 – La propuesta de la Comisión Europea de reforzar Frontex y atribuirle nuevas competencias en las operaciones de retorno enciende el enfrentamiento político en el Parlamento Europeo.
Quien interviene con dureza es Cecilia Strada, eurodiputada del Partido Democrático italiano, que cuestiona el proyecto presentado el 27 de octubre de 2026 por el Ejecutivo comunitario y manifiesta especial preocupación por la extensión de las actividades de la agencia fuera del territorio de la Unión.
La parlamentaria critica sobre todo la posibilidad de que Frontex participe en la organización de retornos de un país tercero a otro, en el marco de acuerdos celebrados con Estados no pertenecientes a la UE.
La crítica a los retornos entre países terceros
La nueva propuesta de la Comisión prevé que Frontex pueda prestar asistencia técnica y operativa también en los traslados de ciudadanos extranjeros entre países de fuera de la Unión Europea.
Las operaciones estarían supeditadas a la firma de acuerdos específicos y, según Bruselas, deberían respetar los derechos fundamentales y las obligaciones internacionales.
Es precisamente este mecanismo el que cuestiona Strada, que teme una ampliación excesiva de los márgenes de discrecionalidad en la gestión de las expulsiones.
Según la eurodiputada, confiar a acuerdos individuales con países terceros la definición de los procedimientos podría debilitar la transparencia y el control sobre las operaciones.
La crítica se inscribe en el debate más amplio sobre la externalización de las políticas migratorias, es decir, el traslado de parte de las actividades de gestión de la inmigración y de los retornos a Estados de fuera de la Unión.
La comparación con la agencia estadounidense ICE
En su intervención, Strada utiliza una comparación especialmente dura, al evocar el Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia federal estadounidense encargada, entre otras tareas, de aplicar las normas de inmigración dentro de Estados Unidos.
La referencia es una crítica política ante la posibilidad de que Frontex asuma un papel cada vez más incisivo en la ejecución de las órdenes de expulsión sin mecanismos de control adecuados.
La eurodiputada cuestiona además el planteamiento general de la política migratoria europea y acusa a la Comisión de privilegiar el refuerzo de las expulsiones frente a la protección de las personas migrantes.
Sus críticas se extienden también a los llamados Return Hub, los centros de retorno situados en países terceros, y a la perspectiva de desarrollar aún más formas de cooperación externa para la gestión de las solicitudes de asilo.
El proyecto de la Comisión Europea
La posición de Strada se contrapone a la del Ejecutivo comunitario, que considera el refuerzo de Frontex un instrumento necesario para mejorar la eficacia de las políticas migratorias.
El proyecto prevé el aumento progresivo del personal disponible hasta 30.000 agentes, la creación de una reserva europea de 17.000 efectivos y un nuevo Centro de Coordinación de Retornos.
Para Bruselas, estas medidas permitirían a los Estados miembros utilizar recursos comunes y procedimientos más coordinados, reduciendo las dificultades operativas que caracterizan actualmente a los retornos.
El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, defiende la necesidad de un mayor control de las fronteras exteriores y de una cooperación más eficaz con los países de origen y de tránsito.
La cuestión de los derechos fundamentales
El debate sobre la reforma pone de relieve una de las cuestiones centrales de la política migratoria europea: cómo conciliar la aplicación efectiva de las decisiones de retorno con la protección de los derechos de las personas afectadas.
Entre los aspectos por aclarar figuran la responsabilidad de las autoridades involucradas, los procedimientos para verificar la legalidad de los traslados y la posibilidad de garantizar un control efectivo sobre las operaciones realizadas fuera del territorio comunitario.
La Comisión afirma que el respeto de los derechos fundamentales seguirá siendo parte integrante de las actividades de Frontex. Los críticos, en cambio, consideran necesario prever garantías y sistemas de supervisión más estrictos, sobre todo en los casos que involucran a países terceros.
La propuesta deberá afrontar ahora el procedimiento legislativo europeo, con la negociación entre el Parlamento y el Consejo.
La posición expresada por Cecilia Strada anticipa un debate político que podría centrarse precisamente en la extensión geográfica de los poderes de Frontex y en los límites dentro de los cuales la Unión Europea podrá intervenir directamente en los procedimientos de retorno fuera de sus fronteras.


