El coste medio de una expulsión supera ya los 3.600 euros, una cantidad que deberá pagar el empleador cuando sea condenado por contratar a un trabajador extranjero en situación irregular. Se trata de una sanción administrativa accesoria prevista por la normativa de inmigración, destinada a cubrir los gastos asumidos por el Estado para la expulsión de trabajadores sin permiso de residencia.
El Texto Único de Inmigración establece que quien emplee a ciudadanos extranjeros en situación irregular puede ser sancionado con penas de prisión de seis meses a tres años y con una multa de 5.000 euros por cada trabajador contratado ilegalmente. Las sanciones se agravan cuando los trabajadores son más de tres, cuando se trata de menores en edad no laboral o en casos de explotación laboral y caporalato.
Además de las sanciones penales, el juez aplica también una medida económica adicional: el pago del coste medio de la expulsión, calculado por cada trabajador extranjero contratado de forma irregular. Este importe se actualiza anualmente mediante decreto del Jefe de la Policía.
Con el decreto publicado en el Boletín Oficial el pasado 20 de enero, se ha fijado el nuevo importe aplicable para 2025. Tras situarse en 2.864,77 euros en 2024, el coste medio de la expulsión ha sido actualizado a 3.637,87 euros, con efectos desde la entrada en vigor del decreto.
El aumento supone una carga económica significativa adicional para los empleadores condenados, que se suma a las ya relevantes sanciones penales y administrativas previstas por la ley. La medida refuerza el objetivo de combatir el trabajo irregular y de disuadir el empleo de mano de obra extranjera sin un título de residencia válido, haciendo más costosas las infracciones.
