El decreto ley 144/2026 prorroga hasta 2030 la estructura comisarial contra los asentamientos ilegales. Se prevé recuperar proyectos del PNRR, utilizar bienes confiscados y apoyar a las empresas agrícolas
Un plan extraordinario de hasta 60 millones de euros para mejorar las condiciones de alojamiento de los trabajadores temporeros empleados en la agricultura y contribuir a superar los asentamientos ilegales. Es una de las medidas incluidas en el decreto ley 144/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de agosto y ahora pendiente del proceso de conversión parlamentaria.
La medida también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2030 el mandato del Comisario extraordinario y la actividad de la estructura encargada de intervenir en los asentamientos informales vinculados al trabajo agrícola y de contribuir a la lucha contra la explotación laboral.
El Comisario deberá definir un plan extraordinario plurianual de inversiones, previa comunicación a la Mesa contra el Caporalato, con el objetivo de poner a disposición alojamientos dignos para los trabajadores temporeros. La medida afectará a trabajadores de nacionalidad italiana, ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea y ciudadanos de terceros países titulares de un permiso de residencia que les permita desarrollar una actividad laboral.
El plan se articulará en varias líneas de intervención. Entre ellas figura la posible recuperación de proyectos que quedaron excluidos de la financiación de la Misión 5 del PNRR, dedicada precisamente a la eliminación de los asentamientos ilegales de trabajadores agrícolas. También se prevén medidas de apoyo a las inversiones de las empresas destinadas a la creación de soluciones habitacionales adecuadas.
Otro ámbito de actuación será el refuerzo del Sistema de Información para la lucha contra el caporalato, una herramienta destinada a mejorar el conocimiento y la cartografía de los fenómenos de explotación. El Ministerio de Trabajo ya había señalado para 2026 el refuerzo de los controles y de los instrumentos informativos como uno de los elementos centrales de la estrategia contra el trabajo irregular en el sector agrícola.
También se prestará especial atención al patrimonio inmobiliario público. El decreto contempla la posibilidad de poner en valor inmuebles confiscados a la delincuencia organizada y bienes pertenecientes al Estado, destinándolos a intervenciones relacionadas con las necesidades de alojamiento de los trabajadores temporeros.
Los recursos aún no han sido asignados de manera efectiva: será una resolución del Comité Interministerial para la Programación Económica y el Desarrollo Sostenible (CIPESS) la que podrá destinar hasta 60 millones de euros al Comisario extraordinario para la realización de las inversiones previstas.
La cuestión del alojamiento representa uno de los aspectos más delicados de la lucha contra el caporalato. En distintas zonas agrícolas italianas, la presencia de trabajadores temporeros va acompañada de la aparición de asentamientos informales y alojamientos precarios, condiciones que pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas y favorecer distintas formas de explotación.
El nuevo plan pretende, por tanto, abordar el problema no solo mediante controles y medidas represivas contra las irregularidades, sino también interviniendo sobre las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Un enfoque que vincula las políticas de vivienda con la protección del trabajo digno y la prevención de la explotación, en un sector que sigue recurriendo ampliamente a la mano de obra temporal, incluida la procedente del extranjero.
