El choque entre Italia y el Consejo de Europa se intensifica. Después de las críticas lanzadas por Roma y Copenhague a algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en materia de migración, ahora es la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) la que abre un nuevo frente de polémica al señalar a las fuerzas del orden italianas.
La chispa que encendió la polémica fue la solicitud del presidente de la ECRI, Bertil Cottier, de que Italia realice lo antes posible un estudio independiente sobre la discriminación racial en la actuación policial. Según el informe actualizado a abril de 2024, los controles basados en color de piel, etnia o religión están aumentando en toda Europa. Cottier instó al gobierno italiano a adoptar medidas concretas y urgentes.
La primera ministra Giorgia Meloni reaccionó de inmediato, calificando las acusaciones de «vergonzosas», producto de «prejuicios evidentes» y de un «enfoque ideológico». Meloni subrayó los frecuentes episodios de agresión a los agentes, a menudo por parte de inmigrantes irregulares, y elogió el trabajo realizado por las fuerzas del orden con valor y respeto por la ley.
El presidente de la República, Sergio Mattarella, también intervino: convocó para el jueves al jefe de la policía Vittorio Pisani para reafirmar públicamente la confianza del Estado en las fuerzas del orden, destacando su adhesión a los valores constitucionales y democráticos.
Las reacciones políticas no tardaron en llegar. La Liga calificó al Consejo de Europa de «ente inútil que debería disolverse», mientras que el viceprimer ministro Antonio Tajani tachó las observaciones de «ridículas y ofensivas», defendiendo que las fuerzas del orden italianas son «de las más respetuosas con las minorías». El ministro del Interior Matteo Piantedosi calificó a la ECRI de «organismo dañino» y cuestionó su utilidad.
La polémica también llegó al Parlamento, donde el jefe de grupo de Hermanos de Italia, Galeazzo Bignami, calificó las recomendaciones de «inaceptables y vergonzosas». Desde la oposición, Piero Fassino (Pd) pidió no instrumentalizar las críticas y leer atentamente el informe. También Elena Bonetti (Azione) defendió el papel del Consejo de Europa como garante de los derechos entre el Estado y los ciudadanos.
Ni siquiera la respuesta del secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, consiguió apaciguar los ánimos. Al responder a la carta enviada por los nueve países liderados por Italia y Dinamarca contra la TEDH, Berset afirmó: «En una sociedad gobernada por el estado de derecho, ningún órgano judicial debe sufrir presiones políticas».
El problema de la discriminación racial y el respeto de los derechos humanos están en el centro del debate europeo, con Roma y Estrasburgo cada vez más distantes.
