Roma, 9 de agosto de 2026 – El Decreto-ley 100/2026 sobre justicia y aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ha sido definitivamente convertido en ley. La Cámara de Diputados aprobó la medida durante la sesión nocturna del 5 de agosto con 165 votos a favor y 80 en contra, después de que el Gobierno planteara una cuestión de confianza, como ya había ocurrido en el Senado. El texto fue, por tanto, convertido en ley sin modificaciones respecto a la versión aprobada por el Consejo de Ministros.
La medida representa la primera intervención legislativa mediante la cual Italia adapta su ordenamiento jurídico a las nuevas normas europeas introducidas por el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que entró en su fase de aplicación el 12 de junio de 2026. De los 18 artículos que componen el decreto, los primeros nueve se refieren a la justicia, mientras que la segunda parte interviene directamente en las normas relativas a inmigración, protección internacional y control de fronteras.
Solicitantes de asilo: podrán trabajar después de 90 días
Entre las novedades con mayor impacto para los ciudadanos extranjeros figura la modificación de las condiciones de acceso al mercado laboral para los solicitantes de protección internacional.
El período durante el cual el solicitante no puede desarrollar una actividad laboral pasa, de hecho, a ser de 90 días. El decreto interviene además en las distintas fases de la solicitud de protección internacional, desde la manifestación de la voluntad de pedir asilo hasta el registro y la formalización de la solicitud, regulando también los documentos que deben entregarse al solicitante.
Las modificaciones afectan asimismo al derecho del solicitante a permanecer en el territorio nacional durante el examen de su solicitud, a los procedimientos de asilo en frontera, a los traslados y a la gestión de las solicitudes consideradas manifiestamente infundadas.
Procedimientos acelerados y controles en las fronteras
Una parte significativa de la nueva normativa se refiere a las fronteras exteriores y a los procedimientos que deben aplicarse a las personas que hayan entrado irregularmente en la Unión Europea.
El decreto introduce y modifica los procedimientos acelerados y en frontera, estableciendo plazos específicos para su conclusión. También se regulan las comprobaciones que deberán realizarse respecto de los extranjeros localizados después de haber cruzado irregularmente la frontera o tras operaciones de rescate en el mar.
Se prevé el traslado a centros específicos de crisis, controles sanitarios y de seguridad, verificaciones sobre posibles situaciones de vulnerabilidad y operaciones de identificación mediante la toma de huellas dactilares y datos biométricos. La información recopilada podrá transmitirse al sistema europeo Eurodac, que también se reforzará mediante el uso de imágenes faciales.
Retención y riesgo de fuga
El nuevo marco normativo interviene también en las medidas aplicables a los solicitantes de asilo. En los casos previstos por la ley, se regula la posibilidad de que el prefecto imponga la obligación de residir en un lugar determinado, previendo al mismo tiempo instrumentos de tutela judicial.
También cambian las disposiciones relativas a la evaluación del riesgo de fuga, a las medidas alternativas a la retención y a las condiciones en las que un solicitante puede ser retenido.
El decreto introduce además una retención administrativa destinada a realizar las comprobaciones necesarias, que deberá ser comunicada al fiscal de la República y sometida a la convalidación del juez de paz, con garantías específicas previstas para los menores.
Refuerzo de las Comisiones Territoriales y de las oficinas judiciales
La aplicación del nuevo sistema europeo requerirá también un fortalecimiento de las estructuras administrativas y judiciales.
Se contemplan medidas para reforzar las Comisiones Territoriales encargadas del reconocimiento de la protección internacional, ampliar las competencias de las secciones especializadas en materia de inmigración y crear secciones destinadas a reducir los asuntos pendientes acumulados. También se prevén intervenciones específicas para reforzar la administración de justicia.
Una reforma que todavía se desarrollará en dos fases
La conversión del Decreto 100/2026 no concluye, sin embargo, el proceso de adaptación de Italia al nuevo sistema europeo.
El Gobierno ha optado por una estrategia legislativa articulada en dos fases. El decreto introduce las modificaciones consideradas más urgentes y necesarias para hacer inmediatamente operativos los nuevos procedimientos europeos. La revisión global de la normativa italiana deberá completarse, en cambio, mediante una segunda medida legislativa, ya presentada por el Gobierno y actualmente en trámite parlamentario.
En la base de la reforma se encuentra un profundo cambio del Sistema Europeo Común de Asilo: muchas de las anteriores directivas son sustituidas por reglamentos europeos directamente aplicables en los Estados miembros, reduciendo así el margen de discrecionalidad de los legisladores nacionales.
Con la conversión del Decreto 100/2026 comienza de forma concreta también en Italia el nuevo sistema previsto por el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, destinado a modificar de manera significativa los procedimientos de entrada, identificación, acogida, examen de las solicitudes de protección y gestión de las fronteras.
