ROMA – El protocolo entre Italia y Albania para la gestión de migrantes ha sido examinado por el Tribunal de Casación, que en un extenso informe elaborado por la Oficina de Jurisprudencia y Casos, destaca graves problemas de constitucionalidad, así como incompatibilidades con el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea. El documento, citado por il Manifesto, subraya que la doctrina jurídica ya ha expresado serias dudas sobre la conformidad del acuerdo con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico italiano.
Derechos fundamentales en riesgo
En el apartado dedicado a la relación entre el protocolo y la Constitución, el Tribunal identifica posibles violaciones de derechos fundamentales, en particular:
- el derecho a la salud (art. 32 de la Constitución),
- el derecho a la defensa (art. 24),
- y el derecho a la libertad personal (art. 13).
Una de las principales críticas es la imprecisión del protocolo, que se limita a referirse genéricamente a los sujetos como “migrantes”, sin definir su categoría jurídica, generando así una desigualdad de trato entre los extranjeros retenidos en Italia y los enviados a los centros ubicados en Albania.
Obstáculo al derecho de asilo
Según el Tribunal de Casación, el acuerdo carece de una regulación detallada de los procedimientos necesarios para garantizar un trato equitativo a los migrantes enviados a Albania. Esta desigualdad jurídica derivada de la extraterritorialidad puede constituir un obstáculo real al ejercicio del derecho de asilo, que debería ofrecer las mismas garantías que se brindan en territorio italiano.
La detención como única opción: vulneración del derecho europeo
Otro punto crítico es que el protocolo prevé que la detención no sea ya una medida de último recurso, como exige la normativa europea, sino que se convierte en la única opción aplicable. Esto viola las garantías fundamentales sobre la libertad personal, abriendo la puerta a detenciones arbitrarias o prolongadas.
El informe también subraya que, una vez cesadas las razones de la detención, no es posible liberar al migrante directamente en Albania, y su regreso a Italia requiere tiempo logístico (por mar o aire), lo cual puede traducirse en una detención sin título legal durante horas o incluso días, contraviniendo la jurisprudencia nacional e internacional.
Acceso limitado a la defensa y atención médica insuficiente
En relación con el derecho a la defensa, el Tribunal observa que las condiciones para ejercer ese derecho en los centros albaneses no están reguladas por ley, sino que quedan a discreción del responsable italiano del centro.
También se cuestiona el derecho a la salud, ya que el protocolo prevé que en caso de necesidades sanitarias urgentes, las autoridades albanesas colaboren con las italianas, pero – subraya la Corte – el nivel de atención sanitaria en Albania no es comparable con el italiano, lo que pone en riesgo la integridad física de los migrantes.
El informe del Tribunal de Casación representa una severa advertencia jurídica e institucional sobre un acuerdo bilateral que, según el máximo órgano judicial italiano, podría vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución italiana, el derecho de la UE y el derecho internacional en materia de derechos humanos. Un documento llamado a alimentar un intenso debate político y jurídico sobre la legalidad y sostenibilidad del modelo externalizado de gestión migratoria.
