El pasado mes de marzo de 2023, el gobierno de Italia exigió al ayuntamiento de Milán que dejara de inscribir a los hijos no biológicos de parejas del mismo sexo en el registro civil. Tres meses después, a principios de junio, Giorgia Meloni extendió esta orden a todos los ayuntamientos de Italia. La respuesta a este mandato no se ha hecho esperar. La fiscalía de Padua, provincia de la región norteña de Véneto, ha mandado a 33 familias un comunicado donde les informa de la necesidad de modificar la inscripción en el registro civil de sus hijos.
Algunos medios italianos han filtrado la carta recibida por una pareja conformada por dos mujeres homosexuales. El Ministerio Público les exige eliminar el nombre de la madre no biológica del registro y que su apellido no pueda constar en el DNI del menor. Todo apunta, según informa la agencia ANSA, a que las otras treinta familias se enfrentarán a la misma tesitura. En consecuencia, la madre no gestante queda sin derechos de maternidad sobre su propio hijo.
La legislación italiana no contempla que un recién nacido pueda tener dos madres. Además, el matrimonio homosexual nunca ha sido legalizado. El único procedimiento posible es que el progenitor no biológico emprenda un proceso de adopción legal del infante. Claro que, dicho proceso podría extenderse durante varios años.
El alcalde de Padua, en unas declaraciones para CNN, admitió que no acepta la idea de que los niños y niñas sean “discriminados desde el principio, nada más nacer” al negarles la inscripción de sus madres en el registro civil. Además, exigió al parlamento italiano que solucionara el “vacío legislativo muy serio” para remedir esta cuestión.
El pasado mes de marzo, fue el propio gobierno de Italia quien exigió al ayuntamiento de Milán que dejara de inscribir a hijos nacidos de padres del mismo sexo. Pese a que desde 2015 las parejas homosexuales pueden unirse de manera civil, no cuentan con derechos de adopción. Al no existir una legislación específica, algunos tribunales permiten la inscripción de estos infantes. De hecho, desde 2022, hasta 300 familias se habían beneficiado de este resquicio legal en algunos ayuntamientos de corte progresista.
Algunos de los progenitores que se han beneficiado de este vacío legal están muy pendientes del proyecto de ley “DL Varchi” por que la gestación subrogada practicada en el extranjero será considerada ilegal en Italia. Las penas ascenderán a los dos años de prisión y las multas hasta el millón de euro, según el texto base.
Diversas asociaciones pro derechos LGTBIQ+ han mostrado su rechazo a la decisión de la fiscalía de Padua al considerar que es un ataque a los derechos de las familias homosexuales. Por ejemplo, la Asociación de Familias Arcoiris de Italia publicó un comunicado en sus redes sociales cuestionando la calidad democrática de un país que impugna los registros de toda una ciudad años después de haber sido realizados.
Hasta ahora, el gobierno y la fiscalía de Padua se ha enfrentado a duras críticas, desde la oposición, pero también desde sus propios sillones. Por ejemplo, la nieta de Benito Mussolini y eurodiputada por Forza Italia, Alessandra Mussolini, publicó en Twitter que lo sucedido en Padua, con el cuestionamiento de los “certificados de nacimiento de niños nacidos de parejas homosexuales, es indigno de un país civilizado”.
Hasta el mes de noviembre no tendrá lugar la primera vista judicial para evaluar si los padres y madres homosexuales tendrán que modificar los registros y, por tanto, perder parte de sus derechos de paternidad y maternidad.
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