Lo que debía ser un viaje a Roma para visitar el Vaticano antes del final del Jubileo se transformó en una historia con tintes kafkianos, marcada por abusos administrativos, retenciones ilegítimas y órdenes de expulsión manifiestamente infundadas. La protagonista es una familia colombiana residente en España, que acabó en el punto de mira de las autoridades italianas apenas unas horas después de su llegada.
La historia, publicada en il Manifesto, relata cómo el padre y el hijo mayor de edad fueron recluidos en el Cpr de Ponte Galeria, mientras que la madre y la hija vieron confiscados sus pasaportes y se les impuso la obligación de presentarse dos veces por semana en la Jefatura de Policía de Roma.
La familia había entrado legalmente en Italia por el aeropuerto de Fiumicino, se alojaba en un B&B debidamente registrado y disponía de billetes de regreso Roma–Barcelona previstos para el 23 de diciembre de 2025. Un conjunto de elementos que, según cualquier lógica jurídica, debería haber excluido cualquier forma de detención.
El detonante fue un altercado en un tren por una supuesta regularización del billete, tras lo cual intervino la policía ferroviaria. A partir de ahí, se desencadenó una cadena de decisiones que ignoró un hecho fundamental: los ciudadanos colombianos eran titulares de un permiso de residencia español por solicitud de protección internacional, un documento que permite trabajar y viajar dentro del espacio europeo.
«Trabajo en el derecho de extranjería desde hace veinte años y he participado en más de 2.500 audiencias de convalidación de detenciones administrativas. Nunca había visto algo así», declaró la abogada Cristina Durigon, que asumió la defensa de la familia. Durante la audiencia del 20 de diciembre, toda la documentación fue presentada ante el juez de paz, hasta el punto de que la propia policía solicitó la liberación inmediata de los dos hombres.
El juez consideró tanto la orden de internamiento como el decreto de expulsión “manifiestamente infundados”, ordenando el fin de la detención. Más absurda fue, en un primer momento, la situación de las dos mujeres: la retirada del pasaporte y una medida alternativa confirmada por otro juez, a pesar de la evidente ausencia de irregularidades.
Solo la intervención firme de la abogada llevó a la policía a revocar de oficio todas las medidas. Para recuperar los documentos y poder regresar a España fue necesaria toda una mañana de gestiones, en la víspera del viaje de vuelta.
Paradójicamente, en esas mismas horas, a la hija se le notificó un nuevo permiso de residencia español. En Italia, sin embargo, el riesgo de expulsión persistió hasta el último momento. Lo único seguro fue que las vacaciones quedaron arruinadas para siempre y que el episodio dejó en evidencia cómo, incluso durante el Jubileo, los derechos fundamentales pueden suspenderse sin motivo alguno.
