Para los inmigrantes en Italia, obtener el estatus de protección especial puede cambiarles la vida. Pero los legisladores han aprobado ahora una ley que restringe severamente el acceso.
El parlamento italiano acaba de aprobar una controvertida ley para reprimir la inmigración irregular. Conocido como el decreto Cutro, en referencia a la ciudad del sur de Calabria donde murieron más de 90 personas en un naufragio el pasado febrero, la legislación limita severamente el estatus de protección especial que las autoridades italianas pueden conceder a los migrantes que no reúnen los requisitos para obtener asilo.
Italia ha registrado más de 42.000 llegadas irregulares desde principios de 2023, cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado, y el gobierno italiano afirma que la protección especial incentiva a los migrantes a emprender peligrosos viajes al país.
«La protección especial crea condiciones atractivas para la inmigración y vamos a eliminarla», dijo Nicola Molteni, del partido derechista Liga y subsecretario del Ministerio del Interior. El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, del partido ultraderechista Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, desató recientemente la polémica al advertir contra la «sustitución étnica» de los italianos por inmigrantes, noción ampliamente considerada racista.
Antes del decreto, las personas a las que se ofrecía el estatus de protección especial podían vivir en Italia durante dos años, renovar su permiso de residencia y convertirlo en permiso de trabajo. Se concedía a solicitantes de asilo que corrían el riesgo de ser perseguidos en su país de origen, a quienes huían de la guerra y las catástrofes naturales, así como a quienes tenían lazos familiares o un alto nivel de integración económica en Italia.
Nuevas normas de migración
Ahora, todo eso ha cambiado. Aunque sigue habiendo protección especial para quienes corren riesgo de tortura, trato inhumano o violación sistemática de sus derechos en su país de origen, la nueva ley limita el acceso al eliminar los criterios basados en los vínculos familiares o la integración económica.
«Si una persona no corre un riesgo terrible en su país de origen, pero entretanto ha formado una familia o ha tenido hijos en Italia, la comisión que evalúa el estatuto de residencia no lo tendrá en cuenta», explica Paolo De Stefani, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Padua.
Las personas que huyan de catástrofes naturales o busquen tratamiento para dolencias graves también verán restringido su acceso a la protección especial. Pero lo más importante es que no podrán convertirla en permiso de trabajo. También se suprimirán los cursos de idiomas y el asesoramiento jurídico en los centros de acogida.
En contraste con el carácter restrictivo de la ley, esta ofrece a las víctimas de matrimonio forzado una nueva posibilidad de solicitar protección especial.
Menos protección especial, más precariedad
Italia siempre ha ofrecido protección especial, excepto entre 2018 y 2020, cuando el exministro del Interior Matteo Salvini la desechó temporalmente . Aunque la primera ministra Giorgia Meloni afirme lo contrario, Italia no es el único país que ofrece este tipo de protección. Aunque se utiliza una terminología diferente, otros 18 Estados de Europa ofrecen protecciones especiales similares.
Los críticos advierten que restringir el acceso a la protección especial empujará a más inmigrantes a una vida indocumentada al margen de la ley y privará a las personas vulnerables de sus derechos fundamentales, especialmente después de que otro decreto limitara la labor de los barcos de rescate sin ánimo de lucro que operan en el Mediterráneo y de que Italia declarara el mes pasado el estado de emergencia durante seis meses para frenar los flujos migratorios.
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