Las nuevas normas sobre el «Decreto Flussi» de entrada para trabajar en Italia y la lucha contra la inmigración irregular que quiere lazar el Gobierno, tras la tragedia de Cutro deberán convertirse en ley antes del 10 de mayo.
Aquí un resumen de todas las principales novedades introducidas por el Decreto Ley n. 20 del 10 de marzo de 2023 por el cual ya se ha iniciado el proceso de conversión en ley en el Senado (AS 591).
Nuevas formas de planificar los «Flussi» de entrada legal para trabajadores extranjeros
Sobre la base de la legislación vigente (artículo 3 del Decreto Legislativo N° 286/98) la programación de los «Flussi» de entrada debe implementarse principalmente a través de dos herramientas: el decreto anual sobre el «Decreto Flussi» y un documento programado trienalmente que contenga las líneas generales para la definición de los flujos de entrada. Debido al largo y complejo proceso de consulta previsto para su adopción, el último documento adoptado fue el relativo al trienio 2004-2006 (Decreto Presidencial del 13 de mayo de 2005). El «Decreto Flussi» ha pasado así de un instrumento de aplicación del documento programado a una disposición única a través de la cual el Gobierno establece cada año las cuotas máximas de extranjeros a admitir en Italia por motivos de trabajo.
La modificación que introduce el nuevo decreto (artículo 1) prevé, como excepción a las disposiciones vigentes, que para el trienio 2023-2025 se adopte un decreto trienal sobre flujos de entrada por motivos de trabajo, aprobado por el Primer Ministro. El decreto de tres años indicará tanto los criterios generales para definir los flujos de entrada como las cuotas máximas de entrada para cada año. También podrán reservarse cupos en el decreto para los trabajadores de los estados que se comprometan a promover campañas mediáticas sobre los riesgos para la seguridad personal derivados de su inclusión en el tráfico migratorio irregular. Ante necesidades emergentes específicas, podrán en todo caso adoptarse decretos de un caudal anual adicional durante el trienio.
Por último, el nuevo «Decreto Flussi» prevé que las solicitudes que no sean admitidas por falta de cupos podrán ser examinadas, presumiblemente con carácter prioritario y previa renovación de la solicitud, dentro de los cupos que posteriormente quedarán disponibles.
Medidas para la simplificación y aceleración de los trámites para la expedición del «nulla osta» por trabajo
Las medidas introducidas (artículo 2) establecen las simplificaciones previstas, sin perjuicio de las disposiciones vigentes, por el Decreto Ley n. 73/2022 dado que ya se están adoptando de forma experimental las solicitudes del «nulla osta» de trabajo presentadas en virtud del «Decreto Flussi 2022».
Este es un plazo más largo que el que se está experimentando actualmente (es decir, 30 días), pero después del cual, en cualquier caso, el documento de no impedimento se emitirá automáticamente y se enviará a las representaciones diplomáticas italianas de los países de origen para la emisión de la entrada, es decir la visa. Dado que no se ha introducido la estabilización de la regla que preveía la expedición de la visa dentro de los 20 días siguientes a la solicitud (art. 42, párrafo 3 del Decreto Legislativo 73/2022), vuelve el plazo general de 90 días para la expedición de la este último (art. 5, inciso 8, Decreto Presidencial 394/99, Reglamento de Implementación de la Ley Orgánica de Migración).
Puedes leer aquí más sobre las medidas de simplificación y aceleración.
Medidas para reforzar los cursos de formación en el extranjero
Las nuevas reglas (artículo 3, párrafo 1) tienen como objetivo fortalecer y relanzar el canal de entrada reservado para los trabajadores especializados en el extranjero, disponiendo que, al igual que otras categorías de trabajadores extranjeros, también los trabajadores que hayan completado programas especiales de educación y formación en los países de origen, puedan ingresar fuera de las cuotas establecidas por el «decreto flussi».
La nueva normativa también prevé que el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales deberá adoptar reglas con las que se establecerán nuevos métodos de elaboración de programas de formación profesional y cívico-lingüísticos y se identificarán los criterios para su evaluación. Asimismo, el Ministerio, también con la ayuda de sus organismos instrumentales y empresas propias, podrá promover la concertación de convenios de colaboración y convenios técnicos con entidades públicas y privadas que operen en el ámbito de los servicios de formación y empleo en terceros países.
Conversión de permisos de residencia de estudio a trabajo fuera de las cuotas
Entre las novedades que introduce la nueva normativa (art. 3, apartado 2), se encuentra la disposición según la cual el permiso de residencia expedido por motivos de estudio y formación puede convertirse fuera de las cuotas.
Es una norma que tiene por objeto evitar la creación de nuevas irregularidades y favorece la integración estable y la participación activa del extranjero en el mercado laboral. En línea con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 130/2020, por el que se amplía la convertibilidad en permisos de residencia por motivos de trabajo de varios tipos de permisos de residencia, incluidos los de protección especial, por adquisición de ciudadanía, por asistencia a menores, por motivos religiosos y por tratamientos médicos, gracias a la nueva normativa también las autorizaciones de residencia por estudios pasan a ser plenamente convertibles en trabajo, sin que sea necesario, como hasta ahora, esperar a la adopción del «Decreto Flussi». La posibilidad de conversión fuera de las cuotas, antes era prevista sslo para aquellos que obtenian un título universitario, un máster o un doctorado en Italia, ahora se amplía de forma general a todos los titulares de un permiso de residencia por motivos de estudio/formación.
Duración del permiso de residencia renovado
La nueva normativa (art. 4) modifica la duración, durante la fase de renovación, de la autorización de residencia expedida por trabajo indefinido, por cuenta propia o por reagrupación familiar. En particular, si bien la regla que establece que dichos permisos tienen una duración máxima de dos años se mantiene en la primera fase de expedición, ahora se prevé, sin embargo, que cuando se solicite la renovación de dichos permisos, esta se podrá disponer por una duración máxima de tres años, en lugar de dos como lo es actualmente. De esta forma, a la fin de la primera renovación, en presencia de los demás requisitos establecidos por la ley, el extranjero puede solicitar directamente una autorización de residencia para residentes de larga duración.
Cambios en el permiso de residencia por protección especial
El nuevo decreto modifica las condiciones para obtener la protección especial en una forma más restrictiva, de hecho es la institución prevista para proteger a la persona de la expulsión o devolución a un Estado donde pueda ser objeto de persecución por motivos de raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, ciudadanía, religión, opiniones políticas, condiciones personales o sociales, o podría correr el riesgo de ser devuelto a otro Estado donde no esté protegido contra la persecución.
Puedes leer aquí más sobre los permisos de residencia por protección especial
Normas para incentivar la entrada de trabajadores al sector agrícola y combatir las agromafias
La nueva normativa (art. 5) prevé que los patrones del sector agropecuario que hayan solicitado la cesión de trabajadores agrícolas al amparo del «Decreto Flussi», pero no hayan logrado, por falta de cuotas, contratar al trabajador, podrán ser nuevos solicitantes dentro de los cupos establecidos en el «decreto flussi» posterior.
Con el fin de proteger el mercado nacional de la delincuencia agroalimentaria, la nueva normativa prevé la ayuda del personal de la Inspección Central para la protección de la calidad y represión del fraude de productos agroalimentarios, clasificados en el área de alta profesionalidad y en el área de funcionarios, con la calificación de policía judicial oficial; el resto del personal empleado en el área de asistentes y en el área de operadores son policías judiciales.
Centros para migrantes
El Gobierno también ha introducido (art. 6) como disposiciones destinadas a hacer frente a situaciones extraordinarias en la gestión de los centros para personas migrantes, por incumplimiento grave, por parte del adjudicatario, de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, en las que la inmediata la cesación de la ejecución del contrato podría comprometer la continuidad de los servicios, lo cual es inaplazable para la protección de los derechos fundamentales así como para la salvaguardia de los niveles de empleo. En particular, está previsto que en tales casos el prefecto pueda nombrar uno o más comisionados para la gestión extraordinaria y temporal de la empresa (limitada a la ejecución del contrato de licitación) y, al mismo tiempo, iniciar los trámites para la cesión. de un nuevo contrato de gestión del centro, sin previa publicación del anuncio.
Los centros para migrantes a los que se refiere la disposición son:
- centros de acogida gubernamentales e instalaciones de acogida temporal – CAS (donde se acoge a los solicitantes de protección internacional);
- los puntos de crisis (los llamados Hotspots), donde los extranjeros que llegan al territorio nacional luego de operaciones de rescate en el mar (o rastreados durante un cruce irregular de fronteras) fluyen para necesidades de rescate y primeros auxilios;
- centros de detención para la repatriación, donde se retiene a los extranjeros en espera de la ejecución de la orden de expulsión
En referencia a los centros de repatriación (CPR), la nueva normativa (art. 10) prevé también la posibilidad, a la hora de identificar, adquirir o ampliar los centros, de derogar el código de contratos públicos, permitiendo una mayor rapidez en la realización de los trámites. La efectividad de la excepción está limitada hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, se realiza sujeta al cumplimiento de las disposiciones del código de la ley antimafia y las medidas de prevención.
Normas para prevenir y combatir la inmigración irregular
El artículo 8 del nuevo decreto contiene disposiciones penales destinadas, por un lado, a aumentar las penas por delitos relacionados con la inmigración ilegal (aumentando en un año las respectivas penas mínima y máxima de prisión) y, por otro, a prever el nuevo tipo de delito de muerte y lesiones como consecuencia de delitos relacionados con la inmigración ilegal.
Se prevén graves sanciones para esta nueva infracción:
- de 10 a 20 años por lesiones graves o muy graves a una o varias personas;
- de 15 a 24 años por muerte de una persona;
- 20 a 30 años por la muerte de más personas.
Puedes leer aquí más sobre las normas para prevenir y combatir la inmigración irregular
Lee también:
Decreto Ley n. 20 de 10 de marzo de 2023
Proceso de conversión en ley (AS 591)
FUENTE DE LA NOTICIA: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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