El Gobierno italiano se dispone a aprobar hoy medidas más restrictivas para la gestión de la pandemia ante el aumento de los contagios, entre ellas la obligatoriedad del certificado de vacunación o de haber superado la enfermedad para poder entrar en restaurantes y locales de ocio, mientras que se seguirá permitiendo la presentación de pruebas de detección del virus para viajar y trabajar.
Durante esta mañana está prevista una reunión de la llamada sala de control, con los expertos encargados de gestionar la pandemia y el consejo de ministros, sobre las medidas anti-covid que se implementarán para contrarrestar la cuarta ola. Por la tarde se reunirá el Ejecutivo para su aprobación. La principal medida para intentar contrarrestar la «cuarta ola» que empieza a notarse en Italia, aunque aún con números inferiores al resto de países europeos, es el llamado «super certificado sanitario», un documento que sólo se dará a las personas vacunadas y que hayan pasado la Covid-19 y que servirá para poder acceder a las salas cerradas de los restaurantes, a cines, teatros o manifestaciones deportivas.
Actualmente en Italia para cualquier actividad e incluso acceder al lugar de trabajo es valido el certificado sanitario, que se puede obtener también con una prueba de antígenos negativa valida 48 horas. Con el nuevo «super certificado sanitario» se pretende incentivar la vacunación entre los cerca 7,5 millones de italianos, sobre todo en la franja entre 40 y 60 años que resulta que no se han inmunizado. Según los datos de este martes, los nuevos positivos al coronavirus fueron 10.047 positivos en las últimas 24 horas y se registraron 83 muertos con una tasa de positividad del 1,4 %. Mientras que los pacientes en las unidades de cuidados intensivos con coronavirus son 560 pacientes, 11 más que el día anterior y los hospitalizados con síntomas son 4.597 más que el lunes.
Otra de las medidas en estudio es reducir la duración del certificado sanitario, que pasaría de los 12 meses actuales a los 9 meses, aunque algunos en la comunidad científica presionan por una duración de 6 meses. El Gobierno pretende así acelerar las dosis de refuerzo en la población. El Ministerio de Sanidad ya ha adoptado la reducción de 6 a 5 meses el intervalo entre la conclusión del ciclo de vacunación y la tercera dosis. También se aprobará con mucha probabilidad la obligación de la tercera dosis para los profesionales sanitarios y el personal de las residencias de expertos, así como en las fuerzas del orden y empleados de la administración pública o profesores.
Mientras que el debate está abierto también sobre la validez de la duración de las pruebas pues entre la comunidad científica hay quienes argumentan que se debe reducir de 48 a 24 horas para las pruebas de antígenos y de 72 a 48 horas para las moleculares.
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