El gobierno italiano ha optado por imponer mediante un decreto de ley la obligación de presentar el Green Pass para ingresar a todos los lugares de trabajo, públicos y privados. El primer ministro Mario Draghi ilustró ayer el decreto a los sindicatos en el Palazzo Chigi y estableció para esta mañana una sala de control para las decisiones políticas finales, que el gobierno comunicará inmediatamente a las Regiones.
Por lo tanto, el gobierno decidió impulsar la extensión del Green Pass para maximizar las vacunas. A la fecha, según datos del gobierno, 13,9 millones de trabajadores ya tienen el Green Pass, 4,1 millones aún no: la obligación afectaría a un total de 18 millones de personas.
De hecho a partir de mediados de octubre será necesario estar vacunado, tener un tampón o estar curados de Covid, para entrar en oficinas públicas y privadas, pero la obligación también debe extenderse a oficinas profesionales, comerciales y restaurantes.
El texto prevé sanciones que oscilan entre los 600 y los 1.500 euros. Esto es lo que habría explicado el gobierno, según se conoció, durante el encuentro con Regiones, Municipios y Provincias. La sanción afectaría tanto a quienes no presenten el grenn pass como a quienes no hagan el control entre sus trabajadores. Habrán también sanciones disciplinarias, que se modularán en las distintas categorías.
Entre las hipótesis aún por confirmar está la entrada en vigor de la medida que sería entre el 1 y el 15 de octubre.
Ciertamente, la obligación se aplicará a los tribunales y también a los órganos constitucionales, así que tendremos que adaptarnos: «El green pass también deberá usarse para entrar al Parlamento», preguntan los sindicatos.
El mecanismo de control debería ser el mismo que ya está vigente para los sectores donde el green pass ya es obligatorio para los trabajadores: en la entrada de oficinas y empresas, los empleados deberán mostrar el green pass al responsable como sucede también el las escuelas.
