Roma, viernes 3 de diciembre de 2011 – Acabar con los caporales, o sea las personas que reclutan trabajadores para explotarlos, en los campos y edilicia, muchas veces con amenazas y violencias.
Un artículo del paquete económico aprobado definitivamente por el Parlamento ha introducido en el código penal el delito de “Intermediación ilícita y explotación del trabajo”.
Entre los ejemplos de explotación, existen los sueldos inferiores a los mínimos, las violaciones de las normas sobre horarios, vacaciones, maternidad, seguridad e higiene y sobre las condiciones del trabajo o alojamientos degradantes.
Los culpables podrán ir a la cárcel hasta por ocho años y pagar una multa de dos mil euros por cada trabajador reclutado.
Entretanto la nueva ley no resuelve un problema central. Las víctimas de los caporales muchas veces son clandestinos y es difícil que ellos denuncien a su explotador porque arriesgan la expulsión.
Durante la discusión en el Parlamento, el Gobierno ha prometido soluciones para que quien denunció se pueda quedar en Italia. Será necesario ahora ver si, cuando y cómo se honrará este empeño.
