Recientes ataques motivaron al gobierno a ofrecer una recompensa para dar con los culpables, mientras otras autoridades y figuras nacionales lanzaron la alerta sobre un crimen que ya ha cobrado 1.000 víctimas en el país. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reaccionó con indignación ante los ataques con ácido perpetrados en días recientes contra dos mujeres en la capital, Bogotá.
Santos ordenó a la policía a que actúe con contundencia contra los agresores y ofreció una recompensa de unos US$40.000 por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables.
Varias figuras públicas y columnistas se unieron al coro de denuncias contra este tipo de crimen que ha ido en ascenso en los últimos años. Según los datos de Medicina Legal, la cifra de víctimas ya ronda en las 1.000.
Aunque en Colombia la violencia contra la mujer es un problema cotidiano, los ataques con ácido no solamente ocurren contra éstas; una buena proporción de víctimas han sido hombres, según la misma fuente de Medicina Legal.
El gobierno de Santos ha buscado implementar una nueva legislación para endurecer los castigos, controlar la venta al público de los químicos y asistir a las víctimas pero, hace solo unos meses, dejó vencer el plazo legal que tenía para reglamentar la ley.
Ataques recientes
Desde hace unos años, los ataques con ácido contra mujeres se han vuelto comunes en Colombia. Sin embargo, las autoridades se pusieron en alerta y la opinión pública se desbordó cuando ocurrieron dos casos es espacio de días.
Natalia Ponce de León resultó quemada por el químico que le lanzaron al salir de un edificio en Bogotá, a finales de marzo. La profesional de 33 años quedó con quemaduras en más del 30% del cuerpo.
Su abogado dice tener serios indicios de que el agresor podría ser alguien conocido de la víctima -un patrón que se repite con esta modalidad de crimen.
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El crimen deja profundas secuelas físicas y emocionales.
Unos días después, el 2 de abril, la víctima del otro incidente fue Sorleny Pulgarín, de 23 años, que fue atacada con ácido en un barrio de Engativá, en el sur de Bogotá.
Esta vez, el ataque vino de una vecina con la que mantenía un pleito constante. La mujer ya fue arrestada.
Durante una Junta de Seguridad Ciudadana, en Cali, el presidente Santos repudió los actos de violencia contra las mujeres y ofreció una recompensa: ’75 millones de pesos (unos US$40.000) para cualquier persona que nos dé información sobre responsables de este tipo de crímenes y quién está detrás de esta modalidad’.
El problema en Colombia es que esa modalidad de crimen es considerado de tipo personal, como agredir a alguien a golpes, y las penas contempladas son pocos severas comparadas a los daños físicos y emocionales que dejan los ataques.
El exministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, reaccionó airadamente en un debate por la emisora Caracol, diciendo que los agresores deberían pagar con la misma moneda.
‘El que agrede así a otro, acaba con una persona y con una familia. A ese señor hay que reventarlo con ácido’, expresó durante la trasmisión.
Dejando el ánimo acalorado de lado, varias columnas de opinión coincidieron en que había que, por lo menos, modificar la ley para aplicar castigos más consecuentes.
‘Deben recibir las penas más severas… penas que también deberían recaer sobre los encargados de aplicar las sanciones y hacer justicia, cuando incumplen con su deber y dejan el crimen y el criminal en la impunidad’, escribió Enrique Santos Molano en la sección de opinión del diario El Tiempo.
El editorial de otro diario, El Espectador, declaró que ‘es inconcebible que… una práctica tan bárbara como esa, tan impactante, siga ocurriendo en nuestra sociedad. En nuestra capital, a plena luz del día, como si todavía viviéramos en la Edad Media’.
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Legislación estancada
El gobierno de Juan Manuel Santos ha tomado ciertos pasos para lidiar con el problema.
En primer lugar creó una línea telefónica de emergencia donde cualquier persona puede hacer su denuncia anónimamente y recibir asistencia.
También existen sobre la mesa varias legislaciones para endurecer las penas, así como el control de la comercialización de ácidos y sustancias derivadas, y la puesta en marcha de un plan integral de atención de víctimas.
Santos había sancionado la ley y tenía plazo hasta el pasado enero para reglamentarla, pero dejó pasar la fecha. Ahora el gobierno está trabajando retroactivamente para destrabar esa situación.
Entretanto, el fenómeno de ataques con ácido continúa su ritmo alarmante.
Uno de los casos más sonados sucedió en 2007. Desde entonces se ha acelerado a un promedio de más de 60 anuales y, según los registros de Medicina Legal, en los últimos diez años ya se han dado más de 1.000.
La institución indica que, mientras las mujeres están en una situación vulnerable frente a sus agresores, las víctimas masculinas son casi la mitad de los casos reportados.
Grupos activistas por los derechos de la mujer sostienen que son muchos más los ataques que no son reportados.
BBC Mundo
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