La información es como el agua: un bien público. Podemos afirmar, en síntesis, que en esta frase se encuentre resumido el propósito sobre el cual ha sido construida la nueva Ley Orgánica de Comunicación, recientemente aprobada en Ecuador. Una nueva norma que quiere desmantelar el superpoder del latifundio informativo comercial, -como fue bautizado el poder mediático por el Comandante Chávez-, y hacer posible el surgimiento de nuevas formas de comunicación al servicio de toda la ciudadanía.
13 Agosto 2013 – Antes de pasar al análisis de los contenidos de esta nueva ley, sería justo subrayar cómo la ley está direccionada por lo que dicta la Constitución de 2008, la cual afirma el derecho a la comunicación para todos los ciudadanos del Ecuador. Es un desafío difícil, que puede ser alcanzado solamente superando el modelo mercantilista vigente, basado en el dominio del oligopolio privado de los medios. Es por ello que la ley aprobada, contrariamente al pasado, tiende a garantizar la máxima democratización del sector comunicacional y contemporáneamente, a considerar la información como un servicio público, además de recuperar el concepto de soberanía en este mismo ámbito.
La Constitución ecuatoriana –una de las más avanzadas en el mundo– establece también el derecho a la participación en los procesos de comunicación, y el derecho de la ciudadanía de estar bien informada. Además prevé que al lado de los sectores público y privado, crezca un tercer sector comunicacional, sin intereses de obtener beneficios económicos, llamado “sector comunitario”. Éste deberá desarrollarse en una condición de absoluta paridad con respecto a los otros dos sectores. Será apoyado por el estado que facilitará la creación y el fortalecimiento del sector comunitario, sustentado a través de créditos necesarios para la adquisición de herramientas comunicacionales y una reducción de sus impuestos.
En base a este tercer asunto, la nueva disposición de la ley prevé (art. 106) que se verifique una revisión de las frecuencias radiofónicas –algunas conseguidas ilegalmente– que serán distribuidas porcentualmente: 34% a los medios comunitarios, 33% a los medios públicos, y 33% a los medios privados. Al mismo tiempo, el articulo 113 impide que una persona natural o jurídica pueda acumular o concentrar concesiones de varias frecuencias. Mientras que en la actual situación, más del 90% de los medios se encuentran en manos privadas. Incluso, es este hecho por el que los medios privados emiten fuertes críticas al cuerpo legal aprobado y al Gobierno como ejecutor de la normativa. La concepción actual de la comunicación plasmada en esta ley, puede ser considerada como una real democratización del sistema informativo, que no esté más, basado en la rentabilidad financiera, evitando así la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en las manos de pocos empresarios. Un sistema que finalmente, no estará sometido a los intereses privados y al imperialismo, acostumbrado a dotar a la ciudadanía de mentiras antes que de información veraz y oportuna, como ocurría cuando predominaba el dominio neoliberal.
La razón por la cual es importante hacer un análisis diligente sobre la “Ley Orgánica de Comunicación”, y que tiene el fin de “desarrollar, proteger y regular el ejercicio de los derechos de comunicación constitucionalmente establecidos”, como afirma el primer artículo del texto legal.
Democracia y soberanía, un binomio indisoluble a estas alturas en el Ecuador, donde los pueblos sufrieron el drama del colonialismo antes, y luego de la arrogancia del imperialismo. Parece entonces natural, más que clarividente, la necesaria reivindicación de la soberanía (art. 6) de los medios de comunicación ecuatorianos.
Un concepto que se refleja en el artículo 97, en donde se establece que los medios audiovisuales con cobertura nacional, están obligados a destinar por lo menos el 60% de su programación diaria, a contenidos de producción nacional. Análogamente, (art.89) también la publicidad que será difundida en territorio ecuatoriano, deberá ser producida en el país. Excepcionalmente para aquellas campañas internacionales <<destinadas a promover el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano>>.
Todos estos lineamientos marcan una diferencia abismal con Italia. Para citar un ejemplo: la vieja Europa en completo declive, está literalmente invadida por las producciones norteamericanas u anglosajonas. Y dónde el sector público está en plena crisis, dominado por deslocalizaciones y la desocupación creciente. Así, se calcula que sólo en 2012 se perdieron 2.500 puestos de trabajo, agobiado por la indiferencia substancial de los gobiernos.
La nueva Ley Orgánica de Comunicación, refleja en el mundo de la comunicación la necesidad imperante de democratizar la sociedad ecuatoriana, profundamente transformada en los últimos seis años, gracias al proceso de radical transformación social conocido como la “Revolución Ciudadana”. A tal fin, la ley prevé que las autoridades públicas trabajen para crear <<las condiciones materiales, jurídicas y políticas, para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y el acceso a los medios de comunicación, a crear medios de comunicación, producir espacios de participación, al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios radiofónicos y televisivos>>.
Además, el Ecuador es el primer Estado que ha introducido la prohibición para los grupos bancarios y financieros -después de un referendo popular que tuvo lugar en Mayo del 2011- a tener participaciones accionarias o ser propietarios de medios de comunicación. Al mismo tiempo, en cambio, se amplían los derechos para la ciudadanía que puede organizar (art. 38) << auditorías públicas, veedurías, asambleas, consejos comunales populares, observatorios, u otras formas organizativas, para influir en la gestión de los medios de comunicación y vigilar el cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación>>.
El estado ecuatoriano trata también de introducir formas de control popular y democráticas dirigidas al marco de la comunicación, es por eso que suenan aun más absurdas las críticas emitidas por los principales medios privados que hablan de un Correa que quiso introducir una “ley mordaza”. Podemos decir sin duda de ser desmentidos, que una vez más se presenta la propensión a la mentira de estos medios de información. En Italia emerge “La Repubblica”, que reprende las acusaciones dirigidas hacia el Gobierno del Ecuador desde la prensa de derecha española.
En realidad, los hechos los acusan y desmienten. Además de contar con un Ecuador en camino hacia el Buen Vivir, que extiende la democracia también en el marco de la comunicación con una ley que será seguramente mejorada con el tiempo y con la práctica, pero que en este momento se encuentra objetivamente entre las más avanzadas a nivel mundial.
Fabrizio Verde
