El Ejecutivo italiano ha designado un magistrado especial del Tribunal de Cuentas para dirigir una «estructura» que se encargará de supervisar las inversiones de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), financiado mayoritariamente con fondos europeos y que arrastra retrasos que han paralizado el tercer desembolso comunitario.
Esa «Estructura de Misión», denominada así por el Gobierno liderado por Giorgia Meloni, coordinará la implementación de los planes como «paso fundamental» para acelerar su ejecución después de la Comisión Europea acordara hace más de un mes prorrogar la evaluación de algunos proyectos y congelar el envío de más dinero.
Al frente del nuevo organismo se situará Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, un magistrado que ejerce como presidente de sección del Tribunal de Cuentas desde 2021 y que además ha trabajado con la fiscalía europea en la lucha contra el fraude.
«La elección de un alto magistrado del Tribunal de Cuentas, experto en el vasto campo de los fondos europeos denota la atención y el cuidado del Gobierno por la correcta utilización de los recursos del PNRR en beneficio de los ciudadanos, las familias y las empresas», afirmó Raffaele Fitto, ministro de Asuntos Europeos, del Sur, de Políticas de Cohesión y del PNRR.
La aplicación del plan, dotado con 191,5 millones de euros, es una de las prioridades del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni desde que llegó al poder el pasado octubre y, por ello, creó un ministerio específico.
«Esos recursos son el futuro de Italia», señaló el ministro.
El pasado 27 de marzo, tras varios retrasos, la Comisión Europea (CE) y Roma acordaron prorrogar en un mes la evaluación de los proyectos financiados con los fondos del PNRR, en concreto en los relativo a concesiones portuarias, redes de calefacción y urbanismo.
Hasta entonces Italia había cumplido todos los objetivos marcados para 2021 y 2022, un total de 151 respecto a los 527 comprometidos para 2026 – año límite fijado por la Unión Europea -, y ha recibido 66.900 millones de euros.
Pero ha quedado en suspenso el desembolso de 19.000 millones de euros vinculados a la segunda mitad del 2022, por los retrasos en la aplicación y los escollos burocráticos.
La propia Meloni ha urgido a aplicar el programa porque la prioridad «es no perder dinero», aunque ha endosado la causa de los retrasos a su antecesor, el economista Mario Draghi, quien se encargó de elaborar el plan durante su mandato, y pide que revise dado el nuevo contexto geopolítico tras la guerra de Ucrania.
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