Miles de manifestantes protestaron el sábado por la tarde en el centro de Roma contra el uso extendido del green pass, que será obligatorio a partir del 15 de octubre en todos los puestos de trabajo en Italia.
Exigido desde principios de agosto para entrar a un museo, evento deportivo o en las zonas interiores de un restaurante, este certificado sanitario – green pass – requiere una pauta de vacunación completa, un test negativo reciente o un documento que justifique haberse curado del covid-19.
El primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció a mediados de septiembre que a partir del 15 de octubre será obligatorio para acceder a un puesto de trabajo. Para los profesores o el personal médico ya lo es actualmente.
«Nos suspendieron a los dos [de empleo] hace dos meses», explicó a la AFP Cosimo, que trabajaba como enfermero, igual que su esposa.
Según Cosimo, tanto él como su esposa tienen problemas inmunitarios y de alergias y su médico de cabecera los autorizó a que no se vacunaran contra el coronavirus.
A pesar de ello, los suspendieron de sueldo y empleo. «Hemos llevado el caso a un abogado, ya que tenemos dos hijos gemelos, de 20 años, y nos debemos ocupar de ellos», explicó.
Maria Ballarin, una jubilada, denunció un «chantaje criminal y cobarde» por parte del Estado, que no quiere asumir sus responsabilidades y decretar la obligatoriedad de la vacunación.
«No es un instrumento para combatir la pandemia (…), sino para controlar a la población», añadió su marido, Marco Salvatori, un empleado de un banco que decidió adelantar su jubilación y así evitar hacerse un test al covid-19 uno de cada dos días.
La manifestación, en la que participaron grupúsculos de extrema derecha, también se vio alterada por algunos enfrentamientos con la policía.
