Las protestas que comenzaron en noviembre de 2019 contra políticas económicas y sociales del presidente de Colombia, Iván Duque, han vuelto a surgir con fuerza en el país después de más de un año marcado por la pandemia de la COVID-19, que ha tenido consecuencias económicas graves para la mayoría de las familias colombianas, y tras la propuesta de la reforma tributaria que iba a afectar principalmente a la clase media.
Los manifestantes salieron hace una semana a las calles, desafiando una orden judicial que dictaminaba que las marchas debían suspenderse por el aumento de los casos de coronavirus. Las fuerzas de seguridad se han desplegado con fuerza en las principales ciudades colombianas a las que han acudido miembros de grupos indígenas, organizaciones de sociedad civil y miembros de sindicatos para protestar contra la reforma fiscal.
La dura actuación de las fuerzas de seguridad y la ira de los manifestantes ha hecho que las protestas deriven en violencia. Según la Defensoría del Pueblo, desde el 28 de abril se han registrado 19 víctimas mortales, y organizaciones sin ánimo de lucro han documentado 1.181 casos de violencia policial.
¿Cuál ha sido el caldo de cultivo de las protestas?
Las protestas se iniciaron hace una semana después de que los principales sindicatos del país convocaran una huelga nacional para oponerse a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque.
La reforma fiscal, con la que el presidente colombiano buscaba mitigar la crisis económica que ha dejado la pandemia y recaudar 23,4 billones de pesos (más de 5.000 millones de euros), habría reducido el umbral en el que se gravan los salarios, afectando a cualquier persona con un ingreso mensual de 2,4 millones de pesos colombianos (alrededor de 550 euros al cambio), en un país en el que el salario mínimo es equivalente a unos 205 euros. El proyecto también pretendía ampliar la base tributaria y gravar con el IVA del 19% los servicios públicos.
“La reforma que propuso Iván Duque no iba mal encaminada en algunos aspectos técnicos, como ampliar la base tributaria y ampliar la cantidad de personas que declaran renta”, subraya en declaraciones a Efe Erika Rodríguez, profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. “El problema es que también tenía otros aspectos, como poner IVA a los servicios públicos, como el agua y la luz. Lo que haría el presidente es que a las personas desfavorecidas se les retornaría el IVA a través de una transferencia mensual, pero solo a personas en condiciones de pobreza, con lo cual, la afectación sobre la clase media sería alta”, detalla.
El año pasado el Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia cayó un 6,8%, lo que supuso su mayor desplome en medio siglo. Además, la pandemia ha aumentado la pobreza, el desempleo y la desigualdad en el país.
“El enfado popular no viene de ahora. Viene de 2019 y está latente desde entonces. Las protestas de 2019 no se solucionaron, porque toda la mesa de negociación se quedó en ‘stand by’ al llegar la pandemia”, explica Rodríguez. “Por un lado están los profesores, que no ven que haya condiciones para que los niños vuelvan a clase por el estado de la educación pública; están los indígenas y los afectados por el conflicto armado, que los están matando; por otro lado, hay un enfado ciudadano por la gestión en general del Gobierno, que no ha sido buena; y también está el cansancio propio de la pandemia. Todas esas cosas se juntaron con el planteamiento de la reforma tributaria que, aunque pudiera ser necesaria, es el peor momento para plantearla”, añade.
Según el investigador asociado del Real Instituto Elcano Rogelio Núñez, “en el ADN de las personas que han salido a la calle está el recuerdo de lo que pasó en 2019”. “En la memoria histórica está muy presente lo ocurrido en 2019, que ha empoderado a las organizaciones sociales que vieron que en ese año eran capaces de parar una reforma como la que impulsaba Duque. Cuando ha vuelto a ponerse sobre la mesa, esas mismas organizaciones, en un contexto de muchísimo mayor deterioro social, político y económico, se han visto empoderadas y mucho más fuertes para poder plantar cara al Gobierno”, ha aseverado.
La actuación de las fuerzas de seguridad, causa de malestar social
Los manifestantes salieron a las calles colombianas desafiando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la jornada de protesta debido a la gravedad de la pandemia en el país, en el que han fallecido más de 75.000 por COVID-19. Poco después de que se iniciaran las protestas, el presidente Iván Duque desplegó fuerzas militares en las calles para tratar de sofocar los disturbios.
El investigador asociado del Real Instituto Elcano ha explicado que los países de América Latina “tienen un problema estructural en cuanto a la seguridad”. “Las policías no cuentan ni con personal ni con los medios adecuados, incluso en muchos casos la experiencia y los conocimientos suficientes para contener determinadas explosiones sociales o momento de grandes movilizaciones. Por ello, los gobiernos de América Latina solo pueden recurrir para mantener la seguridad y el orden a la única institución que tiene medios, pero aunque los tenga, con lo que no cuenta es con conocimientos para este tipo de crisis”, detalla Núñez.
“Una de las grandes causas de malestar social ha sido la acción de la ESMAD, los escuadrones de control antidisturbios, que se han sobrepasado totalmente en sus funciones. Se han cometido violaciones de derechos humanos flagrantes”, afirma la profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. “La sensación de militarización y respuesta militar a los problemas sociales no está ayudando nada a este Gobierno. Lo que está causando es que haya más gente aglomerándose, pero esto, por supuesto, no justifica acciones violentas como las de anoche”, recalca, refiriéndose a los enfrentamientos entre manifestantes y policías en Bogotá, en los que intentaron quemar vivos a 10 agentes.
La Defensoría del Pueblo ha informado de que desde que arrancaron las protestas el 28 de abril se han registrado 19 víctimas mortales, entre ellas 18 civiles y un agente de Policía, y 880 heridos. Además, está evaluando y clasificando 140 denuncias, que incluye información sobre fallecidos, desaparecidos, abuso policial y lesionados.
Por su parte, la ONG Temblores ha detallado que entre el 28 de abril y el 3 de mayo se han registrado 1.181 casos de violencia policial, entre ellos 142 víctimas de violencia física, 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de “agresión en sus ojos” y 56 casos de “disparos de arma de fuego” por parte de la Policía.
Las protestas han sido particularmente violentas en la tercera ciudad más grande de Colombia, Cali. En esta ciudad, responsables de la misión de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos “han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía”, según ha señalado la portavoz de esa agencia de la ONU, Marta Hurtado.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, ha asegurado que miembros de la comisión han recibido “amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”.
Cuando comenzaron a llevarse a cabo algunos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, el expresidente colombiano Álvaro Uribe llamó a los ciudadanos a través de su cuenta en Twitter a apoyar “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. La red social eliminó horas después el mensaje, afirmando que violaba las normas “con respecto a la glorificación de la violencia”.
“Álvaro Uribe tiene la postura clara, una postura de mano dura, de la defensa de un modelo económico”, indica Rodríguez. “Siempre es un actor relevante en estas movilizaciones y, sobre todo, en la creación de teorías conspiranoicas de que ‘alguien está infiltrado’”, asevera.
¿Cómo ha reaccionado el Gobierno de Duque a las protestas?
Después de cuatro días de protestas en las calles colombianas, el presidente Iván Duque comunicó que su proyecto de reforma tributaria no se llevaría a cabo, aunque subrayó que “la reforma no es un capricho”, sino “una necesidad”.
El presidente colombiano anunció en una comparecencia acompañado por todos los ministros, excepto el de Hacienda, que había decidido solicitar al Congreso la retirada del proyecto y tramitar uno nuevo “fruto de los consensos” para evitar una “incertidumbre financiera”.
El Comité Nacional de Paro, convocante de las marchas de la última semana, ha calificado el anuncio del mandatario como “un triunfo” de los manifestantes y ha señalado que las marchas continuarán para exigir la desmilitarización de las ciudades y garantías constitucionales para las protestas, entre otras cosas.
El titular de la cartera de Hacienda y cerebro de la reforma, Alberto Carrasquilla, ha presentado su dimisión, lamentando que su “continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”.
Duque ha nombrado al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, como sucesor de Carrasquilla. Restrepo se ha comprometido a alcanzar consensos con todos los actores sociales de Colombia y a que la reforma que se proponga irá dirigida “a los más vulnerables de la sociedad”.
Además, el presidente ha convocado a los diferentes movimientos políticos, judiciales, empresariales y sociales de Colombia a un coloquio para “entre todos, construir soluciones para el país”, “sin ideologías, pero sí con patriotismo”.
¿En qué pueden derivar estas protestas?
La profesora de Sociología del Desarrollo Internacional cree que, después de la dimisión de su ministro de Hacienda y las protestas, la situación de Iván Duque es “de pérdida total de liderazgo”. “Nunca ha sido un buen líder y, ahora, tiene una postura muy difícil porque no fue capaz de despegarse de su mentor, Álvaro Uribe. No ha hecho una política propia. Se ha revelado como un líder flojo para los momentos difíciles que le tocaron”, ha recalcado.
Asimismo, destaca que el principal problema es que “las protestas están derivando en violencia”. “En Colombia, cuando hay protestas así no se puede salir. La gente ahora tiene miedo por las noches, escuchan disparos y la situación se pone muy mal. Eso, en cierta forma, puede desmovilizar la calle, pero no el enfado”, indica. “Este enfado, como estamos a puertas de las elecciones, puede producir que una propuesta populista pueda salir adelante. Es un buen lugar para la creación de propuestas populistas”, asevera.
Por su parte, Rogelio Núñez asegura que las protestas tienen “un problema de base muy importante” y es que se produce en un momento en el que América Latina vive una nueva oleada de la pandemia, algo que “recorta mucho las posibilidades de movilización”. Además, afirma que los partidos políticos “han conseguido lo que querían”. “Tanto el centro derecha y la derecha como la izquierda han conseguido paralizar la reforma y creo que todos, incluido Gustavo Petro (líder de la oposición colombiana), lo que van a intentar es salir fortalecidos de cara a las elecciones, que es lo que más les interesa ahora mismo”, ha manifestado, refiriéndose a los comicios presidenciales que se celebrarán en mayo de 2022.
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