Mexicano ilegal en Estados Unidos se suicida a media hora de su deportación - Expreso Latino

Primera plana

Fue tanta su tristeza al ser deportado de Estados Unidos, que un jóven inmigrante mexicano se suicidó al lanzarse de un puente fronterizo, al ingresar a Tijuana por la Garita de San Ysidro, informó La Jornada.

 

El medio de comunicación informó que media hora después de ingresar a territorio mexicano, el hombre se arrojó de la vía que conecta la garita El Chaparral con avenida Revolución y calle Baja California de esta ciudad.

Cabe destacar que el hombre no fue identificado de inmediato, pero junto a su cadáver aún se podía ver la bolsa de mano que entrega la Patrulla Fronteriza estadunidense a los repatriados. 

De acuerdo al reporte oficial, el hombre se llamaba Guadalupe Olivas Valencia, tenía 45 años y era natural del estado Sinaloa, en el noroeste del país.

El sujeto  fue trasladado por socorristas de la Cruz Roja al Hospital General para ser atendido, pero no sobrevivió, confirmó el subdirector de Bomberos de Tijuana, José Luis Jiménez, de acuerdo con un reporte de Radio Fórmula.

A las 9.00 hora local, la policía municipal recibió el aviso del suceso, y en el lugar de los hechos acudieron elementos policiales y del Grupo Beta, éste último dependiente del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dichos efectivos se encargaron de trasladar al individuo inconsciente hacia el Hospital General de Tijuana.

Fue en el centro médico donde fue declarado muerto debido a la fuerte contusión que presentó en la cabeza, además de un paro cardiorrespiratorio que le sobrevino por ese hecho.

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE, fiscalía) se hizo cargo de la investigación para determinar las posibles causas que propiciaron este hecho y dar aviso a los familiares de la víctima.

Este trágico hecho sucedió a pocas horas de que el gobierno de Donald Trump estableciera nuevas directrices para reforzar el control migratorio, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes.

“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EEUU”, subraya el documento con los nuevos ejes de política migratoria.

El memorando, divulgado hoy y firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, supone en la práctica un cambio de 180 grados respecto a las políticas del expresidente Barack Obama y abre la puerta a las deportaciones masivas en EE.UU. de inmigrantes indocumentados.

En concreto, precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

“El Departamento de Seguridad Nacional”, agrega el memorando, “ya no eximirá clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz presidencial, Sean Spicer, dijo hoy que el objetivo “es dar más autoridad a la agencia federal para hacer cumplir leyes migratorias” y recordó que “todo el mundo que está aquí ilegalmente puede ser deportado en cualquier momento”.

Obama había marcado como prioridad la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales e historial criminal, y dejaba de lado a los inmigrantes indocumentados con violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche.

El Gobierno de Trump, no obstante, reconoce la falta de recursos, por lo que ordena la contratación de 15.000 nuevos agentes encargados del control migratorio y otorga mayores poderes para que agentes estatales y locales colaboren en estas labores.

Desde la oposición demócrata y los grupos de defensa de inmigrantes, las críticas a las nuevas directrices migratorias no se hicieron esperar.

La senadora demócrata Catherine Cortez Masto, la primera latina en la Cámara Alta, atacó en su cuenta de Twitter las “deportaciones masivas como moralmente reprobables y anti-estadounidenses”.

En la misma línea se expresó el también senador demócrata Dick Durbin, quien urgió a “un examen público en el Congreso de estas políticas de mano dura y anti-familias”.

“Estos memorando confirman que el Gobierno de Trump está dispuesto a incumplir el debido proceso, la decencia humana, el bienestar de nuestras comunidades (…) en búsqueda de una política de deportación masiva hiperagresiva”, indicó Omar Jadwat, director de inmigración de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Quedan, sin embargo, fuera de esta rotunda expansión de la autoridad de las fuerzas de seguridad los jóvenes indocumentados (“dreamers” o “soñadores”) que llegaron a EEUU como menores de edad.

En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados “no” se verán afectados por las nueves órdenes de la agencia federal, lo que supone una marcha atrás en las promesas de Trump durante la campaña en la que prometió derogar el Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por Obama en 2012.

Este programa permitía a los jóvenes frenar su deportación, obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establecía que, para seguir gozando de estos beneficios, los jóvenes debían renovar el permiso cada dos años.

Por último, el Gobierno de Trump subrayó tres lugares prioritarios para comenzar la construcción del muro con México: El Paso (Texas); Tucson (Arizona) y El Centro (California).

El documento ordena “identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro, incluyendo la iluminación, la tecnología (incluyendo sensores)”, y “preparar las peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal y para los siguientes”.

Trump había prometido que sería México quien se hará cargo de la factura del muro, pero en las últimas semanas ha reculado al afirmar que será EEUU quien asuma en primer lugar el coste y posteriormente será reembolsado, algo a lo que México se ha negado tajantemente.

Fuente: Efe

Lee también: Estados Unidos anuncia deportación masiva de inmigrantes ilegales