Sanatoria. Del Senado una esperanza que cuesta mil euros - Expreso Latino

Inmigración

Sanatoria. Dal Senato una speranza che costa mille euro

De las Comisiones de asuntos constitucionales y Justicia da luz verde a nuevas sanciones para quièn emplea clandestinos. En cambio, que el gobierno haga una regularización

 

 

 

Roma, 21 Junio 2012 Todavía esta en veremos la situaciòn, pero al horizonte aparece una regularización.

No sólo, también indica los detalles del procedimiento: mil euros pagados por los empresarios para cada trabajador irregular permitirían a los primero de salvarse de las sanciones, a los segundo de por fin meterse un bolsillo el permiso de residencia.

La puerta se abrió en el Senado, donde el partido Pueblo de la Libertad, el Partido Demócrata y el Tercer Polo han encontrado un acuerdo en el silencioso trabajo de las comisiones y preguntan al gobierno de moverse. No sólo eso, sino que también indican los detalles del procedimiento: mil euros pagados por los empleadores por cada trabajador irregular permitirían a los primeros de salvarse de las sanciones, para los segundos finalmente de obtener finalmente en el bolsillo el permiso de estadía para quedarse.

Demos un paso atrás. Todo gira alrededor del esquema de decreto legislativo del 16 de abril del Consejo de Ministros para acoger la norma 2009/52/Ce, que establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas contra los empleadores que contratan a ciudadanos de terceros países y sean irregulares. Sometido al parecer de Cámara y a Senado, volvió al gobierno y ahora espera la aprobación final.

Permiso para pocos

Tal y como ha salido del Palacio Edificio Chigi, el texto sólo ha previsto una regularización de los trabajadores en casos relativamente raros.

Ya hoy, quién da trabajo a un inmigrado sin permiso es castigado por la ley, con la detención que va de tres meses a un año y a una multa de cinco mil euro por cada trabajador sin declarar. A esto se suman las sanciones administrativas por la violación de las obligaciones retributivas y contributivas. Para el trabajador es prevista la expulsión.

El esquema del decreto del gobierno añade pero un agravante en los casos de particular explotación. Las penas para los dadores de trabajo aumentan de hecho de un tercio a la mitad si los trabajadores son más de tres, si son menores con menos de dieciséis años, o si son sometidos a "condiciones" de grave peligro, teniendo en cuenta las "características de las prestaciones de desarrollar y de las condiciones de trabajo."

Sólo en estos casos, si la trabajador denuncia su dador y colabora durante el proceso, puede conseguir un permiso de residencia por motivos humanitarios. Duraría seis meses y sería renovable por un año o más hasta que se llegue al final del proceso, pero podría ser también convertido en un permiso por trabajo si mientras tanto el ciudadano extranjero encuentra otro trabajo, obviamente regular.

Es evidente, por lo tanto, que no se verían regularizaciones de masa, un escenario explícitamente excluido del mismo gobierno. "Por lo que tiene que ver la consideración de los potenciales beneficiarios de permiso temporal… es presumible que el número final estará en los hechos irrelevantes" se lee en la relación técnica que acompaña el esquema de decreto, que da también una consideración: menos de dos mil.

El Senado: "Sí al decreto, pero también sirve una regularización"

El 5 de junio pasado las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado del Palacio Madamma han dado una opiniòn positiva sobre el esquema de decreto, pero condicionándolo al hecho que el gobierno haga una nueva regularización.

"Para garantizar la máxima eficacia del nuevo sistema sancionatorio - los senadores escriben - es necesario que la introducción de las nuevas normas produzcan la emersión más amplia posible del trabajo en negro, la consiguiente recuperación fiscal y contributiva de parte del Estado y la contextual tutela del trabajador ilegal explotado." "En este còdigo es esencial preveer la no aplicación de las sanciones a cargo de aquellos empresarios que elijan de autoincriminarse y sean dispuestos a regularizar la situaciòn de los clandestinos, y pagarles los salarios y las contribuciones retrasadas debidas en caso de asunción regular."

El gobierno por lo tanto, debe tomar en cuenta "una etapa de transición en la que los sujetos interesados, incluidos los empresarios extranjeros titulares del permiso a largo plazo (Carta di Soggiorno) CE, pueden cumplir voluntariamente con la ley y evitar las sanciones más severas, declarando dentro de un término cierto la relación de trabajo irregular, con la carga de los pagos de compensación del empleador empresario de los pagos retributivos , y las contribuciones fiscales de al menos tres meses y el pago de una contribución de 1.000 euros por cada trabajador. "

El trabajador involucrado en este "proceso de emergencia por irregularidad," no serían castigados por su condición de inmigrante ilegal/clandestino, y conseguiría más bien un "permiso de por trabajo." El Senado, sin embargo, el Senado, pregunta, pero, al gobierno a proporcionar también a " rigurosos mecanismos de control para evitar abusos y para evitar la aplicación del mecanismo de la aparición de los extranjeros condenados o deportados por razones de orden público y la seguridad del Estado".

Le Toca al gobierno

Se pide una amnistía (Sanatoria) para los inmigrantes, para las empresas y para las familias que los utilizan. Nada nuevo, sólo que mucho más caro que àntes. Es el pasado que non enseña, sin embargo, que en la mayoría de los casos son los trabajadores y los falsos empleadores a pagar la regularización y por lo tanto esos mil euros a cabeza, parecen verdaderamente ser demasiado.

Para el Estado, sería en todo caso una ganancia. Con quinientos mil solicitudes (son una consideración recurrente sobre los irregulares en Italia), cobraría enseguida un total de quinientos millones de euros, a los se sumarían, però, cinco miliardos de euro cada año en impuestos y contribuciones, por lo que vale la pena, según el Cgil, quinientos mil nuevos trabajadores regulares.

Ahora le toca al gobierno. El parecer del Senado no es vinculante, pero sin duda para los Profesores será difícil ignorar las indicaciones de la mayoría que los apoya.

Las opiniones del Gobierno